La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha instado al Ministerio de Defensa a aclarar qué actuaciones llevará a cabo tras la operación desarrollada por la Guardia Civil en Ceuta, en la que fueron detenidas dos personas vinculadas a colectivos de apoyo a migrantes. Los arrestados están siendo investigados por su supuesta implicación en la incitación a ataques contra efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal militar en la ciudad autónoma, presuntamente distribuyendo espráis de pimienta, armas blancas y otros objetos peligrosos.
Para la asociación, la gravedad de los hechos radica en un contexto especialmente sensible, marcado por agresiones previas a militares desplegados en la zona. De confirmarse judicialmente las sospechas, se acreditaría que dichos materiales fueron empleados —o destinados a facilitar— ataques directos contra quienes velan por la seguridad en la frontera.
Ante esta situación, ATME ha exigido al Departamento dirigido por Margarita Robles que responda a cuatro cuestiones clave:
- Personación judicial: Si el Ministerio tiene previsto personarse en el procedimiento abierto.
- Acciones legales: Qué gestiones se han realizado o se realizarán ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal para esclarecer la vinculación entre los materiales intervenidos y las agresiones ya sufridas.
- Evaluación de riesgos: Si se están actualizando los protocolos de seguridad para proteger al personal en Ceuta.
- Protección jurídica y operativa: Qué medidas concretas adoptará la Administración para garantizar el respaldo institucional y legal a los militares que continúan prestando servicio en la ciudad.
Diferenciación frente a respuestas previas
ATME recuerda que, en ocasiones anteriores, el Ministerio de Defensa eludió dar respuestas sobre la situación en Ceuta bajo el argumento de que afectaban al planeamiento y desarrollo de operaciones militares, excluyéndolas del ámbito del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS).
Sin embargo, la asociación subraya que esta petición posee una naturaleza jurídica e institucional totalmente distinta. No se solicita información operativa que pueda comprometer la seguridad de las misiones, sino el amparo, la defensa jurídica y el posicionamiento del Ministerio ante una amenaza directa contra la integridad física de sus efectivos.
Un deber inexcusable de protección
ATME concluye recordando que los hombres y mujeres destinados en Ceuta desempeñan su labor en condiciones de alta complejidad. Por este motivo, tienen el derecho legítimo a que cualquier conducta que ponga en peligro su vida sea investigada hasta las últimas consecuencias y a que las instituciones actúen con la máxima contundencia legal en su defensa.
