La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha recibido respuesta del Ministerio de Defensa a los distintos escritos remarcados durante los últimos seis meses en relación con el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo. Sin embargo, la contestación aportada por el departamento ministerial carece de garantías, calendarios y avances concretos sobre una medida cuyo impulso fue anunciado públicamente hace ya varios meses por la ministra de Defensa.
Las iniciativas de ATME se remontan al pasado mes de abril, cuando la asociación solicitó la creación de una comisión de trabajo específica que permitiese a las asociaciones profesionales participar activamente en el diseño de la propuesta. Posteriormente, presentó una batería de medidas para asegurar que la futura regulación beneficiase al conjunto del colectivo —con independencia de su régimen de adscripción— y exigió información sobre el estado real de los trabajos ministeriales.
En su respuesta, Defensa se limita a recordar que el pasado 2 de junio, en una reunión conjunta con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se presentó una memoria que recogía propuestas trasladadas por las asociaciones en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Entre ellas figuraban demandas históricas de ATME, como la aplicación de coeficientes reductores para anticipar la jubilación, la adaptación del régimen de Clases Pasivas, la supresión de diferencias por el sistema de adscripción y el reconocimiento de derechos para el personal temporal.
Preocupación ante la falta de hechos y el bloqueo en Interior
Para ATME resulta especialmente alarmante que, meses después del anuncio político de Defensa, la única actuación tangible sea la remisión de una memoria de apenas un folio, sin que consten estudios técnicos, mesas de negociación o avances que permitan vislumbrar un horizonte real para la medida.
Esta inquietud se ha visto agravada tras conocerse la abrupta ruptura de las negociaciones en la Policía Nacional y la Guardia Civil. La reunión mantenida este 27 de octubre entre Interior y los representantes de ambos cuerpos concluyó con un encierro de los sindicatos y asociaciones policiales, después de que el Gobierno les comunicase que la convocatoria de elecciones imposibilita cerrar un acuerdo sobre jubilación y reconocimiento profesional antes de los comicios.
Ante esta situación, ATME traslada su pleno apoyo a los colectivos policiales y de la Guardia Civil ante la firmeza mostrada en defensa de sus derechos. La asociación subraya que tanto policías y guardias civiles como militares desempeñan su labor bajo condiciones de especial riesgo, exigencia física y limitaciones profesionales, por lo que merecen medidas reales y efectivas, y no meras declaraciones de intenciones.
Un escenario de dilación electoral y demandas de futuro
ATME recuerda que, durante gran parte de la actual legislatura, las iniciativas para reconocer la profesión de riesgo —tanto en el ámbito militar como en el policial— fueron rechazadas por las fuerzas parlamentarias que sustentan al Gobierno. Por ello, advierte de que la parálisis actual confirma sus peores temores: los anuncios iniciales no eran más que un ejercicio de dilación para llevar la cuestión a un escenario de bloqueo técnico provocado por el adelanto electoral.
Por todo ello, ATME hace un llamamiento urgente a los partidos políticos para que blinden esta medida en sus programas electorales. Exigen que se acompañe, además, de otros compromisos esenciales para las Fuerzas Armadas:
- Una actualización retributiva acorde con la responsabilidad asumida.
- La aprobación de una Ley Integral de la Carrera Militar que erradique la temporalidad y aporte estabilidad profesional.
- La reforma y actualización de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.
Para la asociación, estas cuestiones deben plasmarse en compromisos políticos claros y verificables, al tratarse de demandas históricas que no pueden seguir siendo postergadas legislatura tras legislatura.
