El Ministerio de Defensa ha respondido formalmente a la solicitud de información presentada por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) en relación con las noticias difundidas el pasado mes de septiembre que vinculaban a militares desplegados en Ceuta con presuntas agresiones a migrantes.
La organización trasladó su preocupación ante el posible impacto de estas informaciones en la imagen de las Fuerzas Armadas y en la seguridad jurídica de los efectivos. En su respuesta, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) confirma que no existen denuncias, diligencias ni procedimientos abiertos contra militares concretos por estos hechos. No obstante, especifica que la información fue remitida al Juzgado de Guardia de Ceuta y a la Fiscalía, activándose además una investigación interna a través del Mando de Operaciones (MOPS).
Agresiones a militares y marco legal
El departamento ministerial señala asimismo que no consta que ningún militar haya solicitado asistencia jurídica por este asunto, si bien recuerda que el ordenamiento contempla mecanismos de protección. Además, reconoce que desde el inicio de la crisis migratoria se han registrado agresiones contra los efectivos desplegados, algunas con lesiones y denuncias de por medio.
Respecto a la petición de ATME de otorgar la condición de agente de la autoridad al personal militar, Defensa subraya que esta medida y las reglas de uso de la fuerza forman parte del planeamiento operativo y escapan del Consejo de Personal. En cuanto a la protección jurídica, el Ministerio reitera que el marco normativo actual es suficiente, recordando que el artículo 554 del Código Penal equipara la protección de los militares uniformados en acto de servicio a la de los agentes de la autoridad frente a agresiones.
Por su parte, ATME ha ratificado su compromiso de velar por la seguridad jurídica de los militares y de exigir la máxima transparencia para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas.
