La degradación de la vida pública española ha dejado de ser una mala noticia coyuntural para convertirse en el paisaje de fondo del día a día. Ya no sorprende que el insulto cotice más que el argumento, ni que la descalificación personal ocupe el espacio que debería pertenecer al debate de presupuestos, sanidad o educación. Pero hay líneas que, cuando se cruzan de manera reiterada, transforman la anécdota en síntoma de un problema estructural mucho más grave: la banalización absoluta de las más altas instituciones del Estado.
Las últimas y desafortunadas intervenciones públicas de Isabel Díaz Ayuso no son un desliz aislado, ni el producto inofensivo de un mal día o de un exceso de cafeína. Responden a un patrón de comportamiento político donde el decoro institucional se sacrifica sin complejos en el altar del ruido mediático. Utilizar comentarios soeces o descalificaciones de baja estofa contra familiares de adversarios políticos, en este caso, contra Begoña Gómez, no es una muestra de firmeza ni de valentía dialéctica; es, sencillamente, la evidencia de una pobreza argumental profunda y de un desprecio absoluto por el cargo que se ostenta. Una presidenta autonómica representa a todos los madrileños, no solo a los militantes más enfervorizados de su parroquia, y esa alta representación exige una estatura ética de la que carecen por completo este tipo de salidas de tono.
Ante semejante despropósito, cabe preguntarse si nos encontramos ante una estrategia deliberada de distracción. No son pocos los analistas que señalan la conveniencia de estos escándalos dialécticos cada vez que la dirección nacional del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, tropieza o acumula contradicciones en su oposición. Convertir el plató o la tribuna en un lodazal permanente asegura desviar el foco, polarizar aún más el tablero y mantener movilizado a un electorado dispuesto a consumir cualquier ración diaria de confrontación visceral.
Sin embargo, incluso asumiendo el cinismo de la táctica, el desgaste institucional es inasumible. La tensión política no puede convertirse en el coartada para actuar sin el mínimo decencia exigible a un representante público. Si el cargo le queda grande, si la presión del puesto supera la capacidad de templar los nervios o si el cálculo electoral exige la quema sistemática de cualquier puente institucional, el problema ya no es solo de formas, sino de profunda catadura democrática.
