El PP exige en un nuevo mapa de transportes en autobús que no discrimine a la España rural

por Redacción Nacional

«Es inadmisible la discriminación con la que el Gobierno de Pedro Sánchez castiga a la España rural», denuncia

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, anuncia que el PP llevará al próximo Pleno de la Cámara, una moción por la que exige al Gobierno un «nuevo mapa concesional de transporte regular en autobús que no discrimine a la España rural».

La moción de los populares solicita también al Gobierno «la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Transportes para debatir, junto con los Consejeros de Transportes y Movilidad Sostenible de todas las comunidades autónomas, el nuevo mapa concesional de transporte regular de autobús por carretera diseñada por el Gobierno».

Alicia García destaca que, tal y como recoge la iniciativa del PP que se debatirá en el próximo Pleno del Senado -29 y 30 de octubre-, el Gobierno debe «reconsiderar este nuevo mapa concesional por su alto impacto social, territorial y económico en la España rural que discrimina a los españoles y atenta contra la igualdad eliminando rutas, paradas y servicios e incrementando transbordos, a la vez que perjudica gravemente la lucha contra la despoblación».

Sánchez y Puente castigan a la España rural

«Es inadmisible la discriminación con la que el Gobierno de Pedro Sánchez castiga a la España rural», denuncia la portavoz del GPP, quien recalca que el ministro Óscar Puente «conoce nuestro territorio y sabe hasta qué punto es imprescindible mantener o mejorar la red de autobuses que enlazan pueblos con ciudades».

«Sabe que suprimir ese vital transporte público por carretera deja aislados a nuestros pueblos y expulsa de allí a los vecinos», apostilla Alicia García.

La portavoz del GPP asegura que el nuevo mapa concesional de servicios de transporte regular de autobús «suprime casi la mitad de las rutas: exactamente elimina 456 rutas». Con ello, «Puente castiga a la desconexión nada menos que a 3,25 millones de personas, que viven en la España rural y que quedarán sin servicio de autobús estatal».

Señala que «los vecinos de nuestros pueblos no tienen que pagar la fiesta independentista que el Gobierno les regala en forma de cupo» y avisa de que desde el PP «lucharemos con todos los instrumentos parlamentarios a nuestra disposición para impedirlo».

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