El Grupo Socialista reclamó hoy a la Xunta que dé cumplimiento inmediato a las ratios máximas de alumnado por aula recogidas en los acuerdos firmados en 2023 por la Consellería de Educación y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y ANPE. Asimismo, exigieron que se dediquen los recursos humanos y materiales necesarios para posibilitar los desdobles de aulas necesarios para el cumplimiento de esas ratios.
El portavoz de Educación, Julio Abalde, defendió en comisión una proposición no de ley en ese sentido, a través de la cual también se reclama al Gobierno del PP que dote del personal de apoyo y especialista necesario “para que todos los centros puedan atender al alumnado con necesidades especiales”, facilitando así “la verdadera integración” de esos escolares.
Abalde explicó que la “continua reducción de las unidades y de los recursos humanos” está provocando que los centros no acomoden la oferta de plazas a la demanda real, de modo que numerosas familias no saben hasta bien entrado julio en qué escuelas estudiarán sus hijos e hijas. El problema afecta especialmente a los centros situados en el rural, pero también se registra en las ciudades.
Incertidumbre y perjuicio para el alumnado y profesorado
La incertidumbre está causando un problema añadido, según advirtió el parlamentario socialista. Al no tener garantizada la escolarización en un centro de su municipio, hay familias que optan por trasladar a los pequeños a escuelas de ciudades cercanas, lo que implica vaciar los centros del rural. En otros casos, si el alumnado se escolariza finalmente en los colegios que inicialmente solicitaron, se están sobrepasando las ratios previstas, algo que, tal como recordó Julio Abalde, vienen denunciando las ANPA y los equipos directivos.
Estas políticas del PP perjudican notablemente no solo al alumnado, sino también al profesorado, “con una carga de trabajo y saturación por encima de lo normal y de lo soportable”. Abalde alertó de que “no se puede trabajar igual en un aula en función del agrupamiento de alumnos de distintos cursos o del número de niños y niñas asignados, sobre todo cuando en el momento de la programación del curso existe incertidumbre en cuanto a la propia organización y a la dotación de recursos”.
También criticó que, a pesar de que la Xunta alega que una vez iniciado el curso se evalúan los datos y se organizan las unidades en función de las matrículas de cada centro para decidir sobre agrupamientos y desdoblamientos, “la realidad es bien distinta, y la Consellería incumple sistemáticamente su obligación de dar respuesta ágil a las familias y al profesorado”. Para Abalde, “es inadmisible que los equipos directivos no sepan hasta el inicio del curso el número de unidades de las que dispondrán, y que el profesorado desconozca el número de alumnos que tendrá en sus aulas”.
