El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se unió hoy a más de un millar de vecinos de Moaña en una manifestación para defender la sanidad pública y exigir la recuperación del servicio de urgencias en el centro de salud de Domaio. Besteiro alertó sobre la «emergencia sanitaria en la que está anegada Galicia», responsabilizando directamente a las políticas del PP, que en la última década ha desviado más de 2.000 millones de euros públicos a la sanidad privada.
Antes del inicio de la marcha, que celebra 200 semanas de protestas continuas, el líder socialista subrayó que la situación de Moaña no es un caso aislado. «Lo que ocurre aquí se repite en muchos lugares de Galicia», afirmó, citando ejemplos como el cierre de urgencias en Catoira, la saturación en Cangas, la falta de un centro de salud en Hío, las 21 semanas de protestas por pediatría en A Cañiza o los 20 ambulatorios sin médicos en Ourense durante la oleada de incendios.
Más infraestructuras y mejor atención primaria
Besteiro hizo un llamado al presidente Rueda para que invierta en «más infraestructuras, más planificación y mejoras en la atención primaria para evitar, además, la saturación hospitalaria». El líder socialista vinculó la escasez de instalaciones y de personal sanitario al desvío de pacientes al sector privado y al aumento de pólizas de seguros, lo que demuestra, en sus palabras, que «la gente está desasistida».
Como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Besteiro defendió la sanidad pública no como un privilegio, sino como un derecho fundamental que debe ser dotado de más medios materiales y humanos. En este sentido, instó a mantener la lucha en todo el territorio para que los recursos se destinen a donde más se necesitan, asegurando que «todos debemos tener la misma posibilidad de acceder a la sanidad pública, con independencia de dónde se viva», haciendo especial hincapié en el «abandono del rural».
Finalmente, Besteiro presentó el modelo del PSdeG, que incluye un plan de choque para fortalecer la atención primaria, reforzando los servicios de pediatría y urgencias, y aumentando el número de médicos de familia. El objetivo es claro: blindar la sanidad pública y evitar que los recursos de la ciudadanía sigan financiando negocios privados.
