A finales de diciembre, las carreteras de la provincia de Castellón volvieron a llenarse de tractores. Unos 40 agricultores protagonizaron una nueva tractorada para visibilizar la situación límite que atraviesa el campo español, una protesta que, lejos de ser anecdótica, se suma a una larga cadena de movilizaciones agrarias en todo el país. La imagen de los vehículos agrícolas avanzando lentamente resume una realidad que muchos productores consideran insostenible: producir alimentos se ha convertido, para miles de familias, en una actividad cada vez menos rentable y más cargada de obstáculos.
La protesta, convocada por agricultores vinculados a organizaciones como UNASPI (Unión de Agricultores y Ganaderos), se desarrolló sin incidentes, pero con un mensaje claro y directo. El portavoz del colectivo centró su intervención en exigir “protección real al producto nacional frente a la importación desleal”, el rechazo al acuerdo con Mercosur “mientras no haya igualdad de condiciones” y el fin de la “burocracia inútil” que “asfixia al productor”. Son reivindicaciones que condensan buena parte del malestar del sector y que se repiten, con matices, en otras regiones de España y de Europa.
Detrás de estas demandas hay una combinación de factores que llevan años tensionando al sector primario. Los costes de producción no han dejado de crecer, impulsados por el encarecimiento de los fertilizantes, la energía, el gasóleo agrícola y otros insumos básicos. Al mismo tiempo, los precios que perciben los agricultores por sus productos apenas cubren, en muchos casos, los gastos necesarios para sacarlos adelante. Esta brecha entre costes y precios de venta es uno de los principales detonantes de las protestas, ya que pone en cuestión la viabilidad económica de explotaciones pequeñas y medianas.
A esta situación se suma la competencia de productos importados de terceros países, que llegan a los mercados europeos con precios más bajos y bajo normativas menos exigentes en materia ambiental, laboral o fitosanitaria. Para los agricultores españoles, esta desigualdad normativa genera una competencia que consideran injusta y que erosiona su capacidad para competir en igualdad de condiciones. De ahí el rechazo frontal a acuerdos comerciales como el de Mercosur, que muchos productores perciben como una amenaza directa a su supervivencia.
La burocracia es otro de los grandes puntos de fricción. Trámites complejos, requisitos administrativos cambiantes y controles que se superponen forman parte del día a día de los agricultores, que denuncian una carga administrativa excesiva. Lejos de facilitar la transición hacia modelos más sostenibles, muchos productores consideran que esta burocracia consume tiempo y recursos que deberían destinarse a producir, innovar o adaptarse a los nuevos retos climáticos.
En este contexto, el debate sobre cómo se valoran y comunican los alimentos también aparece, aunque de forma secundaria, en el discurso del campo. Sistemas de etiquetado como el Nutri-Score han sido cuestionados por productores y expertos por simplificar en exceso la calidad de los alimentos y penalizar productos tradicionales ligados al territorio. Como bien lo explica Rafael Urrialde, profesor del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, “la fórmula de Nutri-Score penaliza ciertos nutrientes o formatos, como productos lácteos o ingredientes tradicionales, sin valorar adecuadamente otros factores importantes, lo que puede conducir a conclusiones engañosas sobre lo saludable que es un producto”. Entre las conclusiones simplistas y engañosas, se encuentra, por ejemplo, el castigo a productos típicos españoles como el aceite de oliva, el queso manchego o el jamón ibérico. Aunque no es una de las reivindicaciones centrales de la tractorada de Castellón, esta crítica conecta con una preocupación más amplia: la sensación de que el valor real de los productos agrícolas no es reconocido, ni en los precios, ni en los mensajes que llegan al consumidor.
Las movilizaciones de Castellón se enmarcan, además, en una ola de protestas agrarias que recorre Europa desde hace meses. Agricultores de países como Francia, Bélgica o Alemania han salido a la calle con reivindicaciones similares, señalando los efectos combinados de las políticas comunitarias, los acuerdos comerciales y la presión de los mercados globales. Este malestar compartido refleja una crisis estructural que va más allá de un territorio concreto y que cuestiona el modelo actual de producción y distribución de alimentos.
Otro elemento clave es la creciente desconexión entre el mundo rural y el urbano. Muchos agricultores sienten que sus problemas no encuentran eco en los centros de decisión política ni en la opinión pública, más alejada cada vez de la realidad del campo. Las tractoradas cumplen así una doble función: reclamar soluciones concretas y recordar que detrás de los alimentos que llegan a los supermercados hay un sector esencial para la economía, el empleo y la cohesión territorial.
Pese a los anuncios de ajustes y flexibilizaciones por parte de las instituciones, una parte del sector considera que las respuestas siguen siendo insuficientes o demasiado lentas. La protesta de Castellón, celebrada en pleno periodo navideño, pone de manifiesto hasta qué punto el descontento sigue vivo y cómo el campo español se resiste a quedar en silencio.
En definitiva, la tractorada no es solo una reivindicación puntual, sino el reflejo de una crisis profunda que exige cambios estructurales. Proteger al productor, garantizar condiciones de competencia justas y reducir la carga burocrática son algunas de las claves que los agricultores ponen sobre la mesa. De no abordarse estas demandas, advierten, el riesgo no es solo económico, sino también social: el abandono progresivo del campo y la pérdida de un sector estratégico para el futuro del país.
