La eurodiputada del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha calificado de «delincuencia de Estado» las últimas informaciones que cercan al Ejecutivo, elevando la gravedad de los hechos más allá de la corrupción estrictamente económica. En unas contundentes declaraciones, la representante popular ha denunciado la instrumentalización de las instituciones públicas con fines partidistas y de hostigamiento a la oposición o a voces críticas.
«Robar es grave, sí. Pero lo que hemos conocido es algo peor», ha aseverado con dureza Ezcurra. Para la eurodiputada, la gravedad extrema reside en la perversión del sistema público para la protección del propio poder: «Es delincuencia de Estado. Usar el Estado, que pagamos todos, para perseguir al que estorba».
Un ataque directo al Estado de Derecho
Con estas palabras, Ezcurra ha querido diferenciar un caso común de malversación de lo que considera una estrategia sistémica de utilización espuria de los recursos y resortes públicos. Según la eurodiputada, que el dinero y las estructuras financiadas por los contribuyentes se desvíen de su función constitucional para convertirse en «herramientas de persecución» supone cruzar una línea roja democrática sin precedentes.
Desde el Partido Popular insisten en que este modus operandi no puede despacharse como un escándalo político más, sino que requiere una respuesta contundente tanto en el plano judicial como en las instituciones europeas, donde la delegación española mantendrá el foco sobre la degradación de la calidad democrática y la separación de poderes en España.
