Manuel Moreno, presidente de la agrupación local de UCIN Valdemorillo, informa que, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso interpuesto por las Entidades Urbanísticas de Conservación y ha declarado la nulidad íntegra de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Recogida de Residuos Vegetales de Jardinería aprobada por el Ayuntamiento de Valdemorillo.
La sentencia considera que el sistema utilizado para calcular la tasa no se ajustaba a la legalidad vigente al incumplir los principios que deben regir este tipo de tributos. En concreto, el Tribunal concluye que la ordenanza no respetaba los requisitos establecidos en la normativa aplicable y que el método de cálculo no reflejaba la utilización real del servicio por parte de los contribuyentes.
Entre los principales argumentos de la resolución judicial destacan que el Ayuntamiento conocía quiénes eran los beneficiarios efectivos del servicio y cuál era la intensidad de uso, pero no incorporó estos criterios a la cuantificación de la tasa. Asimismo, el TSJM considera que un servicio prestado a demanda no puede tener como único criterio para determinar la cuota la superficie de las parcelas, al no guardar una relación directa con el coste o el uso efectivo del servicio.
Como consecuencia de estas deficiencias, el Tribunal declara la nulidad íntegra de la ordenanza, al entender que vulneraba los principios de legalidad, proporcionalidad y el criterio de “pago por generación” previsto en la legislación vigente. La sentencia añade que, una vez apreciada esta causa de nulidad, resulta innecesario analizar el resto de los motivos alegados en el recurso.
Esta resolución supone un importante respaldo al principio de que las tasas municipales deben establecerse sobre criterios objetivos, proporcionados y ajustados a la realidad del servicio que se presta, garantizando la seguridad jurídica de los vecinos y evitando que soporten cargas económicas que no respondan al uso efectivo del servicio.
Tras conocerse el fallo, desde UCIN Valdemorillo han valorado la decisión como una confirmación de que las administraciones públicas deben actuar con pleno respeto a la legalidad y fundamentar adecuadamente cualquier medida que tenga repercusión económica sobre los ciudadanos. La formación considera que la sentencia evidencia la necesidad de diseñar ordenanzas fiscales justas, transparentes y acordes con la normativa vigente.
La resolución judicial abre ahora un nuevo escenario respecto a la regulación de este servicio municipal y obliga al Ayuntamiento a adaptar cualquier futura ordenanza a los criterios fijados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
