Hay una extraña contradicción en el tiempo que vivimos. Nunca se había hablado tanto de respeto, libertad, derechos y dignidad humana. Y, sin embargo, parece cada vez más difícil reconocer esas mismas exigencias cuando corresponden a los demás. Queremos que nos escuchen, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar. Exigimos tolerancia, pero reaccionamos con hostilidad ante la diferencia. Reivindicamos derechos y tratamos los deberes como incómodas obligaciones reservadas a los demás ciudadanos. Incluso los valores fundamentales, indispensables para la convivencia, parecen ceder ante la afirmación de «mis valores», como si la convicción individual bastara para determinar qué es justo o legítimo. El Edelman Trust Barometer 2026, realizado en 28 países, revela que el 70 % de los encuestados muestra resistencia o reticencia a confiar en personas con valores, referentes u orígenes diferentes de los suyos [1]. Esto no significa que siete de cada diez personas sean intolerantes. Pero debería hacernos reflexionar. Cuando la diferencia empieza por despertar desconfianza, ¿qué espacio queda para construir aquello que tenemos en común?
La libertad es una de las mayores conquistas de la civilización. Pero no es un salvoconducto para cualquier comportamiento, ni puede confundirse con la ausencia de límites. Tenemos derecho a discrepar, protestar, manifestarnos, criticar, satirizar e incomodar. Una sociedad libre no puede exigir que nadie se sienta ofendido, ni convertir todas las convicciones personales en límites para la expresión de los demás. Sin embargo, una causa legítima no legitima cualquier comportamiento realizado en su nombre. El Edelman Trust Barometer 2025 identificó un dato inquietante: el 40 % de los encuestados, de media, en los 28 países estudiados, consideraba aceptable al menos una de las formas de activismo hostil analizadas, entre ellas los ataques personales en Internet, la desinformación deliberada, las amenazas o la violencia y la destrucción de bienes públicos o privados [2]. Esto no significa que todos aprobaran la violencia física, pero revela una preocupante disposición a justificar determinados medios en nombre de los fines. Y quien destruye una escuela, vandaliza una plaza, amenaza a alguien o compromete la actividad de una empresa no está simplemente ejerciendo su libertad. Está vulnerando la libertad y los derechos de los demás. El patrimonio público no pertenece a una entidad abstracta llamada Estado. Nos pertenece a todos. También a quienes más lo necesitan y menos posibilidades tienen de reparar lo que otros destruyen.
El mismo principio debería guiar a quienes ejercen el poder o gozan de reconocimiento público. Cuanto más relevante es la posición que alguien ocupa, mayor debería ser su conciencia de responsabilidad, nunca la amplitud de sus privilegios. El talento no confiere inmunidad, la notoriedad no exime de la humildad y la autoridad no legitima la arbitrariedad. Quien representa a un equipo, una institución, una empresa o un país nunca actúa únicamente en nombre propio. Lleva consigo la confianza de muchos, una reputación construida durante generaciones y, con frecuencia, el sustento de personas y familias que dependen de la estabilidad de esas organizaciones. Dirigir no consiste en confundir la voluntad personal con el interés colectivo. Consiste en saber decidir con independencia, resistir presiones, reconocer conflictos de intereses y proteger a la institución, incluso frente a las propias debilidades. A veces exige llevar la contraria a quienes tenemos cerca. Otras, reconocer que ha llegado el momento de ceder el paso a otros. También el dinero puede abrir puertas y comprar complicidades, pero no debería comprar la conciencia de quien tiene el deber de decidir. Una posición destacada no sitúa a nadie por encima de los principios que se comprometió a respetar. Y una organización no puede quedar rehén de la vanidad, los intereses o los caprichos de quien temporalmente la representa.
Sería, sin embargo, demasiado cómodo atribuir estas contradicciones únicamente a los dirigentes. Existe una responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. ¿Cuántas veces nos sumamos a una indignación antes de conocer los hechos, repetimos una acusación sin comprobar su origen o tomamos partido sin comprender realmente lo que está en juego? La velocidad de la comunicación premia la reacción inmediata. El conocimiento exige tiempo, estudio y disposición a dudar. La historia se reduce a episodios descontextualizados, la cultura se convierte en un argumento de conveniencia, la ley pasa a respetarse según los intereses de cada cual y la reflexión filosófica parece un lujo prescindible. Es en este terreno donde determinados discursos populistas encuentran oportunidades. Identifican miedos reales, explotan frustraciones legítimas, señalan culpables fácilmente reconocibles y prometen soluciones a problemas cuya complejidad rara vez admiten. La crítica a las élites, a las instituciones o a los poderes establecidos puede ser enteramente legítima. El peligro comienza cuando alguien se presenta como dueño exclusivo de la verdad o de la voluntad popular y exige confianza precisamente allí donde debería aceptar el escrutinio. Una multitud puede darnos valor, pero no nos garantiza tener razón. Y el hecho de que una idea sea repetida por miles de personas no la convierte en verdad. Pensar críticamente implica también tener el valor de discrepar de aquellos con quienes habitualmente estamos de acuerdo.
La memoria histórica debería hacernos especialmente conscientes de estos riesgos. No faltan ejemplos, en la historia contemporánea, de sociedades en las que el miedo, la inseguridad, el resentimiento y la propaganda se utilizaron para justificar la persecución de personas y la destrucción de libertades. Y no hablamos únicamente de acontecimientos encerrados en los libros. Todavía hay supervivientes y testigos capaces de contar, en primera persona, lo que significa ver la dignidad humana subordinada a una ideología, perder derechos o presenciar cómo los vecinos se convierten en enemigos. Sería irresponsable establecer equivalencias automáticas entre aquellos periodos y cualquier conflicto político actual. Pero sería igualmente imprudente considerar irreversibles las conquistas democráticas. El Democracy Report 2026, publicado por el V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo, identifica, a finales de 2025, 92 autocracias y 87 democracias, y estima que el 74 % de la población mundial vive bajo regímenes clasificados como autocráticos [3]. Esto no significa que esas poblaciones deseen vivir sin libertad, ni excluye la necesidad de examinar los criterios utilizados. Significa, sin embargo, que la democracia no es una condición universal ni una garantía perpetua. La Historia no regresa necesariamente con los mismos rostros o símbolos. Conocerla no sirve para encontrar tiranos en todos los adversarios, sino para reconocer los mecanismos mediante los cuales la libertad puede debilitarse progresivamente. Una sociedad puede empezar a perderla mucho antes de darse cuenta de que ha dejado de tenerla.
Quizá necesitemos, por tanto, recuperar un aprendizaje elemental: saber convivir. Reconocer que los derechos implican deberes, que la libertad exige responsabilidad, que la autoridad presupone servicio y que el bien común no es la suma de nuestros intereses particulares. Respetar la dignidad humana no significa estar de acuerdo con todas las ideas, aceptar todos los comportamientos o renunciar a la crítica. Significa comprender que ninguna discrepancia nos exime de reconocer la humanidad de quien tenemos delante. Significa cuidar lo que pertenece a todos, exigir coherencia a quienes nos representan y negarnos a justificar en los nuestros aquello que condenamos en los demás. Significa también resistir la seducción de las respuestas fáciles, escuchar antes de juzgar y reconocer que podemos estar equivocados. La civilización no se sostiene únicamente sobre las leyes que aprueba, las instituciones que construye o los derechos que proclama. Se sostiene también sobre los comportamientos cotidianos de quienes la integran. Quizá su mayor fragilidad comience precisamente cuando dejamos de mirar a los demás como personas y empezamos a verlos únicamente como adversarios, obstáculos o instrumentos de nuestros intereses. Porque la cuestión no es solo cómo hemos llegado a una sociedad en la que tantos exigen respeto, pero cada vez menos parecen dispuestos a respetar. Es saber si todavía tenemos el valor de reconocer que esa pregunta también nos concierne.
[1] Edelman Trust Institute (2026). 2026 Edelman Trust Barometer: Trust Amid Insularity. Global Report. Edelman.
[2] Edelman Trust Institute (2025). 2025 Edelman Trust Barometer: Trust and the Crisis of Grievance. Global Report. Edelman.
[3] Nord, Marina; Altman, David; Fernandes, Tiago; Good God, Ana; y Lindberg, Staffan I. (2026). Democracy Report 2026: Unraveling the Democratic Era? University of Gothenburg: V-Dem Institute.
