El Gobierno exime del pago de IRPF al salario mínimo y amplía las deducciones para sueldos bajos

El BOE de hoy recoge un decreto ley que exime a la mayoría de quienes cobren el nuevo salario mínimo de pagar IRPF, aprueba las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos para 2027 y dos nuevas ayudas a Canarias y El Hierro para sufragar gastos extraordinarios relacionados con las últimas llegadas de inmigrantes a sus costas.

La norma aumenta la deducción fiscal a salarios bajos para evitar que quienes cobren el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, de 18.004 euros anuales y 1.286 euros al mes en 14 pagas, paguen IRPF. Eso sí, el decreto que aprueba esa subida del SMI no se ha publicado en el BOE de hoy, pero es previsible que llegue en los próximos días.

Lo que hace el decreto ley de hoy es establecer una deducción fiscal de 1.033,58 euros para aquellas personas que tengan ingresos del trabajo de justo el SMI o menos, lo que implica, en la práctica, que no paguen nada de IRPF. Además, incluye una reforma del reglamento del IRPF que permite que no se les retenga ese impuesto en sus nóminas desde el 1 de enero. Hasta ahora, en la mayoría de casos, sí se les retenía pero luego recuperaban esas cantidades en la declaración de la renta.

Pero las deducciones fiscales para salarios bajos no se quedan en el SMI. También se aplicarán, aunque de forma progresiva (a más ingresos, menos deducción) a sueldos de hasta 23.171,89 euros.

En paralelo, el decreto ley aprueba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales para 2027, el dinero que se les adelanta en previsión de sus porcentajes en impuestos como el IVA o el IRPF, y que luego se cuadra con los ingresos reales. Son 170.529 millones de euros para las primeras, un 8,1% más que en 2026, y 31.826 millones para las segundas, un 8,8% extra. Además, permite tanto a comunidades como a entidades locales gastar el superávit en inversiones financieramente sostenibles: que permitan evitar gastos o generar ahorros en ejercicios futuros, sobre cambio climático o eficiencia energética o destinados a vivienda social, asequible o con protección permanente.

Fuente CIVIO

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