La Valedora do Pobo admite una nueva queja por la falta de transparencia del Alcalde de Lalín

por Gonzalo Soto

Juan Esteban Méndez Leiva, responsable de Administración Local de la UNIÓN SINDICAL OBRERA en Galicia (USO Galicia) denuncia que la Valedora do Pobo (VP) ha admitido a trámite una segunda queja suya, por la falta de respuesta a su solicitud, en dos ocasiones, de una comisión de servicios.

Como en el informe de Secretaría al Presupuesto Municipal para 2024 se refiere “falta de personal de Secretaría”, el 17/01/2024 solicitó una comisión de servicios a una plaza de Técnico de Administración General (TAG). Después de la aprobación definitiva, en el que figura una plaza “TAG vacante en Secretaría”, reiteró dicha solicitud el 29/02/2024.

Estamos ante la segunda queja que la VP le admite a nuestro representante, estando pendiente de que José Crespo Iglesias le informe por otra queja por falta de transparencia.

En marzo, la Valedora ya le admitió a trámite una queja suya, luego de que Crespo le hubiese obligado a desplazarse a Lalín, para ver la documentación del Presupuesto para 2024 y de la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), después de que el 02/01/2024, por comunicación electrónica, y el 08/01/2024, por petición en el Registro General, hubiera solicitado tener acceso a los dos expedientes, sin obtener respuesta.

Posteriormente, tuvo conocimiento de que se le habían mandado informes de esos dos expedientes, no solo a Lourdes Pedrazuela Bea, representante de USO Galicia, sino también a un particular, quienes la recibieron en su correo electrónico y en su domicilio particular, respectivamente, mientras que a él, no solo se la negó, después de haberla pedido, por escrito, hasta en dos ocasiones, viéndose obligado a desplazarse, en su vehículo, al consistorio lalinense, para acceder a la misma, sino que también tuvo que apuntar, en pleno siglo XXI, de su puño y letra, lo que consideró oportuno.

Por último, censurar, una vez más, la falta de transparencia, vulnerando, doblemente, sus derechos fundamentales, como sindicalista y como funcionario.

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