Los haredim tan solo representan el 14% de la sociedad israelí, pero serían un Estado dentro del Estado que intentan fagocitar todas las áreas sensibles del poder del Estado judío (Interior, Vivienda, el Mosad y los mandos del Tzáhal o Ejército judío) e imponer la Halajá o ley judía a más del 43% de población que se declara laica, de lo que sería paradigma el hecho de que el Estado israelí no permite el matrimonio civil.
Los ultraortodoxos judíos serían una casta ociosa (6 de cada 10 no trabaja y se dedican al estudio del Torá) que gozaría de prebendas y privilegios y que tendría a la población laica como siervos para sufragar su manutención, sanidad y educación así como la defensa de las fronteras de Israel al estar exentos de cumplir el servicio militar según la Ley aprobada por Ben Gurión en 1948, exención que dada su falta de equidad, fue anulada en 2012 por la Corte Suprema israelí.
Sin embargo, Netanyahu, presionado por los dos grandes partidos ultraortodoxos, Shass y Judaísmo Unido de la Torá, congeló una serie de reformas emprendidas por Lapid sobre recortes económicos entre la comunidad ultra ortodoxa, modificar las reformas en las leyes de conversión y la ley de enrolamiento universal. Dicha Ley forzaba a cerca de 66.000 jóvenes ultraortodoxos de entre 18 y 26 años a entrar en el Ejército, debido a la ola de protestas sociales de una clase media israelí que se quejaba de los exagerados privilegios que estos recibían a pesar de no contribuir» ni a las arcas públicas ni al «peso» de la seguridad nacional, pues los ultraortodoxos estarían exentos de cumplir el servicio militar.
Así, según un sondeo reciente, el 70% de la población judía considera que los ultraortodoxos deben aportar a la seguridad del país y hacer el servicio militar durante la guerra de Israel en Gaza, por lo que tras la entrada en vigor de dicha Ley de enrolamiento obligatorio y la resistencia activa de los principales rabinos judíos y de los dos grandes partidos ultraortodoxos, Shass y Judaísmo Unido de la Torá, no sería descartable su salida del Gobierno de Coalición y la convocatoria de nuevas elecciones.
Dado el incremento de la desafección de la sociedad israelí respecto a Netanyahu debido a su nefasta gestión de la crisis con Hamas y a su nulo interés por rescatar con vida a los rehenes judíos, según los últimos sondeos el Likud de Netanyahu sería apeado del Poder, no siendo descartable la conformación de un Gobierno de Salvación entre Gantz, Lapid y los partidos árabes cuya tarea primordial sería reeditar los Acuerdos de Oslo que posibiliten la coexistencia pacífica de Dos pueblos en Dos Estados.
Ello supondría que Netanyahu, un político nefasto que intentó dar un golpe de mano autocrático para posteriormente instaurar un régimen Presidencialista, podría enfrentarse a un juicio penal en el que será acusado de negligencia y crímenes contra los Derechos Humanos. Dicho juicio podría reportarle a Netanyahu una dura condena penal y su salida definitiva del escenario político israelí, no siendo descartable que el interregno sea aprovechado por el oportunista Bibi para declarar la guerra abierta contra el Líbano para evitar la convocatoria de elecciones así como dejar en suspenso el proceso judicial en el que está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza.
Así, Joe Biden, en una entrevista publicada por la revista Time, admitió que «Netanyahu, estaría prolongando la guerra por motivos políticos y para mantenerse en el poder al frente de una compleja coalición de gobierno». En consecuencia, tras dar por finalizada la campaña de Gaza, habría decidido invadir el Sur del Líbano para desplazar a los 400.000 habitantes del sur del Líbano al otro lado del río Litani, con la esperanza de ganar tiempo hasta la previsible victoria en noviembre de Donald Trump, en la certeza de que podrá contar con sus bendiciones para exonerarlo de toda culpabilidad ante la Corte Penal Internacional.