Tras la declaración ante el juez de Karim El Baqqaly, detenido por la Guardia Civil como responsable de la muerte de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), en su rol de acusación popular, ha solicitado del Juzgado la prisión provisional comunicada y con fianza para el investigado. Esta medida busca evitar su posible fuga debido a la gravedad de los hechos pues, según el mismo ha reconocido tras su detención, El Baqqaly pilotaba los mandos de la narcolancha que embistió a la débil y pequeña embarcación oficial, lo que provocó la muerte de dos guardias y causó heridas graves a tres de los otros cuatro guardias civiles que iban a bordo de la zodiac.
El Baaqqly está considerado por los investigadores policiales de este caso como autor material de dos delitos de asesinato, cuatro delitos más de asesinato en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado, además de un delito de contrabando, hechos todos ellos perpetrados en la tarde del 9 de febrero de este año en el puerto de Barbate.
JUCIL resalta que el acusado tiene antecedentes penales por delitos relacionados con el tráfico de drogas tanto en España como en Marruecos. A pesar de que el detenido ha alegado, antes de declarar en el juzgado, que el choque fue un accidente, los informes policiales entregados al instructor de la causa contradicen su versión y muestran un claro hostigamiento intencionado hacia la pequeña patrullera desde la que los guardias civiles intentaban identificar a los tripulantes de las seis narcolanchas abarloadas esa tarde en la bocana del puerto.
Investigación a los mandos responsables
JUCIL confía en que el Juzgado de Barbate que se ocupa de la instrucción de esta causa investigue además la posible comisión de un delito de homicidio imprudente por parte del coronel jefe de la Comandancia de Cádiz y al general jefe de la Zona de Andalucía, quienes autorizaron la operación a pesar de que los guardias civiles que participaron en la misma carecían de los medios necesarios.
La asociación subraya que los guardias civiles alertaron en varias ocasiones esa tarde a sus mandos sobre la falta de recursos adecuados para interceptar a las seis narcolanchas presentes en el puerto. JUCIL, en representación de las víctimas, pero también de todos sus asociados y de los guardias civiles, reclamará en su día las penas más severas posibles para todos los autores a los que se atribuyen estos hechos. Tres de ellos todavía a la espera de que, una vez emitidas las órdenes internacionales de captura, sean puestos a disposición de la Justicia española para que puedan ser juzgados en su día por estos terribles hechos que costaron la vida a dos guardias civiles y que han dejado en otros tres compañeros más secuelas físicas y psíquicas imborrables.