Para reducir la temporalidad en el empleo público. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Pontevedra conocerá de 4 recursos, correspondiéndole el quinto al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2.
A día de hay 5 recursos: uno del responsable de Administración Local de la Unión Sindical Obrera en Galicia (USO Galicia); otro del Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia; un tercero de la CIG, y otros dos más, de dos aspirantes y trabajadores del consistorio lalinense.
Los recurrentes denuncian numerosas irregularidades: promoción interna, funcionarización de plazas de personal laboral, aumento del coste de personal, etc. Otra ilegalidad denunciada, que supone todo un esperpento, es estabilizar plazas de Administración General (AG) como si fuesen de Administración Especial (AE). Ahora el juzgado ha requerido, a Lalín, que certifique varias de las plazas objeto de litigio.
Entienden, los recurrentes, que Lalín actúa al margen de la legislación vigente, por lo que presentaron, en vía administrativa, recursos de reposición, para corregir varios apartados de las bases, que les fueron desestimados. Así no se solicitaba la titulación idónea para algunas plazas (para el Coordinador de Deportes la única titulación válida exigida era licenciatura/grado en Psicología con máster o equivalente). Resulta, igualmente, criticable que no se sigan los criterios de la FEGAMP, al prever: “exámenes eliminatorios” o la previsión de “lista de reserva para algunas plazas, pero no en todas”. Por todo ello, se han visto obligados a acudir a la justicia, para que sea ahora quien resuelva sobre su legalidad o no.
Estos cinco recursos ponen en entredicho todo el proceso de estabilización, ya que, de prosperar algunas de esas demandas, la justicia podría declarar nulo el resultado del proceso, tal y como ya ha acontecido en Elche, donde un juzgado anuló la estabilización de 400 plazas, por incumplir el derecho, de toda persona, a acceder en condiciones de igualdad a la función pública.