Todo lo sucedido durante las últimas semanas tras el resultado electoral ha hecho resurgir un viejo clamor de sectores políticos, nacionalistas y/o independentistas. Se trataría de iniciar, sin prisa, pero sin pausa, el derrumbe progresivo de algunas de las bases del régimen constitucional monárquico que fija la Constitución de 1978.
Algunos, eufemísticamente, lo llaman la Segunda Transición. Se trataría de modificaciones sustanciales en la Carta Magna que llevarían a un Estado federal o confederal y a una posible instauración futura de una Tercera República.
Los ejes de este nuevo status quo serían el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las tres nacionalidades históricas, el cuestionamiento de la figura del monarca y un nuevo modelo de financiación y organización autonómica y territorial.
Confirmado ya en la práctica el inminente gobierno bipartito PSOE-SUMAR, de legitimidad incuestionable, hay algunas cuestiones que son poco debatibles. Suceda lo que suceda, Puigdemont va a poseer, al menos a corto y medio plazo, el mando a distancia de la gobernabilidad del estado español. No lo afirma la que suscribe, sino González Page, socialista de pro y presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En lo que antaño siempre se llamó países de nuestro entorno resultaría inconcebible que a un político prófugo de la Justicia del estado al que pertenece se le concedan tales galones desde el propio Gobierno de la nación al que está chuleando y chuleará descaradamente.
El primer paso de esta hipotética demolición controlada será abordar una ley de amnistía para cientos de procesados, imputados y condenados del llamado procés catalán, el primero de ellos el Gremlin que reside en Waterloo.
Esa normativa, inédita en el marco constitucional actual, es de dudosísima legalidad, según muchos juristas y en caso de ser ratificada mediante ley orgánica por el Parlamento (¿Qué diría el Senado, dominado por el PP con mayoría absoluta?) debería pasar luego el filtro del Constitucional, ya que, a todas luces, sería recurrida. Las únicas dos amnistías similares en las últimas décadas las otorgó ADOLFO SUÁREZ en el postfranquismo y antes de que España aprobara su Constitución. Conviene no olvidarlo.
¿Y qué sucedería si el Alto Tribunal desbarata esa futurible amnistía tres o cuatro años después de ser aplicada de facto? Ello ya sucedió con el actual Estatuto de Cataluña, enmendado parcialmente por el Constitucional tiempo después de ser ratificado por el pueblo catalán.
España se va a ver abocada a severas tensiones políticas y a una legislatura en el alambre permanente. Nunca un gobierno de Madrid estuvo tan atado (¿o preso?) de directrices de los que desean abandonar en su momento y cómo y cuándo a ellos les convenga, el Estado Español.
No tiene nada que ver con izquierdas o derechas, sí con un mínimo sentido de responsabilidad institucional. Pedro Sánchez, el intrépido, se ha superado y ha ganado, hay que reconocerlo. Habrá que esperar ahora hasta qué punto el presidenciable exbaloncestista traga con los incesantes triples políticos que le van a caer por múltiples bandas.
Ciudadanos, átense los cinturones. Venga lo que haya de venir, aquí y ahora, el Estado está y estará en almoneda, o hablando en castizo, bajo subasta. ¿Alguien lo duda ya?