En las últimas jornadas ha transcendido públicamente el error cometido desde el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña, consistente en la emisión de una factura para afrontar las tasas de un servicio prestado por Bomberos que dependen de dicho ente, a la familia de una víctima mortal de accidente de tráfico, en la que la responsabilidad de dicho siniestro resultó recaer en una tercera persona, también implicada en dicho accidente.
Desde el Colectivo de Bomberos estamos totalmente en contra de que las Administraciones responsables (Xunta de Galicia y Diputaciones) emitan este tipo de cargos a la ciudadanía después de que hayan sufrido cualquier desastre que exija nuestra intervención. De hecho el colectivo lleva mostrando su disconformidad desde el momento en el que este tipo de tasas fue aprobada por los plenos de los Consorcios (participados de Xunta y Diputación de cada Provincia) y siempre presididos por los Presidentes de de las Diputaciones o por el Director General de Emergencias de la Xunta de Galicia.
Estas tasas no hacen más que ensuciar la imagen del colectivo de bomberos y sancionar injustamente a la población que padece cualquier siniestro. Desde el colectivo hace años que tratamos de aclarar que esto es una decisión política y que ese dinero entendemos que no debería repercutirse en los contribuyentes, ya que una parte de sus impuestos directos e indirectos ya se destina directamente a la prestación del Servicio Contra Incendios y Salvamento, que por otro lado es obligación de las Administraciones garantizarlo y prestarlo.
A lo largo de los los más de 20 años de experiencia que tenemos muchos de los profesionales que trabajamos en los Parques de Bomberos Comarcales que dependen de los Consorcios Provinciales, hemos visto como familias se acercaban destrozadas a nuestras instalaciones desconsoladas y pidiendo explicaciones. Desde los familiares de una persona que se había suicidado a los que se les emitía una factura por las tasas de recuperación de cadáver, hasta el que estando todavía hospitalizado con quemaduras de importante consideración tras varios meses, le pasan las tasas por el incendio de su vivienda. Y es que los incendios se llevan la palma en este tipo de situaciones, pues en viviendas unifamiliares no es obligatoria la contratación de seguros de hogar, y es ahí donde se ceban con las víctimas. ¿Acaso es lógico remitir una factura a una persona que está viviendo en un invernadero, mientras con sus manos restauraba su casa, que había sido pasto de las llamas?.
Estas tasas, que los bomberos abogamos porque se eliminen, están plagadas de injusticias y carecen de sentido humano. “Si lo trasladamos por ejemplo al servicio de seguridad ciudadana, sería como cobrar a una mujer víctima de violencia de género, por acudir una patrulla de policía a brindarle protección frente a su agresor” esgrime José Luis Pareja, miembro del Comité de Huelga. Alberto Castro, del mismo órgano, apunta que “en ocasiones la gente no llama al 112 u ofrece resistencia a que atendamos la emergencia por miedo a que les cobremos, retrasando la prestación del servicio y aumentando el riesgo para las personas y los daños a los bienes”.
Uno de los conceptos por los que cobran a las víctimas las Administraciones, son los kilómetros recorridos, de tal modo que se factura más a las personas que están más lejos del parque de bomberos y a las que, por tanto, se les presta un servicio más deficitario. Otro concepto es la hora de trabajo de cada efectivo, que se factura a unos importes muy superiores a lo que los profesionales perciben por hora en su jornada anual.
Desconocemos en qué se emplea el dinero que se obtiene de las tasas, pero queremos dejar claro que los bomberos estamos totalmente en contra de la aplicación de las mismas. “Parece que se empleen como una forma de castigo a aquellas víctimas que no tienen seguro contratado, pues al fin y al cabo, UNESPA es uno de los “socios capitalistas” de los Consorcios Provinciales” sentencia Honorino Raña.