Ante tanta dependencia de partidos menores, los dos capacitados, el PP y el PSOE, se han puesto de acuerdo entre ellos para añorar aquella Transición llena de trampas y convertir a los minoritarios en testigos de un acuerdo entre ellos para cambiar una palabra de las 46 que contiene el 49 de la Constitución.
Qué lejos quedan hoy aquellos tiempos en los que PP y PSOE no bajaban nunca del 80% del poder congresual (llegaron a superar el 92% en 2008), en comparación con lo que comenzó en 2015, que hubo una convocatoria en la que solo consiguieron superar el 50% entre los dos gracias a una ley electoral ventajista que disminuye el valor de los votos de los otros partidos gracias a que les cobra un precio mucho mayor por cada escaño.
Y qué incapaces también los llamados a acabar con el bipartidismo desde aquel 20 de diciembre, pues la única reforma constitucional conseguida habrá sido la de cambiar un «dis» por otro «dis», aunque dicho con todo el respeto hacia todas las personas incluidas en el artículo 49, que somos todas nosotras, y antes de terminar le contaré también el otro porqué.
Como nunca critico sin asumir riesgos, he decidido proponer un redactado alternativo y a quien le guste, que lo luche, anticipando que me mueve la conveniencia de esquivar las denominaciones que animan a comparar, un formato que soporta mal esos cambios de tendencia que convierten lo normal en ofensivo en menos de lo que canta un mirlo.
La redacción vigente del artículo 49 dice lo siguiente:
«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos».
Y ahora que los escaños congresuales están a tiempo de molestar a sus orgullosos titulares con calambres en sus culos para que se lo piensen antes de aprobar irrelevancias, propongo mi propio cuesco. Y si hay alguien que lo ha expulsado antes, acepto desde ya compartir la mitad de los derechos.
El mejor artículo 49 con 49 palabras que soy capaz de imaginar diría lo siguiente:
«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración hacia las personas que lo necesiten por sus condiciones físicas, sensoriales y psíquicas, prestando la atención especializada que requieran y amparándolas como corresponda para el disfrute de los derechos que este título otorga a todas las personas».
He decidido presentar esta propuesta el último día del último año de los disminuidos porque siempre me he considerado igual de «disminuido» o «discapacitado» que cualquiera cada vez que he decidido compararme con los millones de personas que también viven en este planeta y de los que sé que la mayoría son capaces de hacer mejor que yo cualquier cosa de las que hago, desde respirar hasta soñar, porque casi todo lo demás tiene arreglo.
Y casi se me olvida el acuerdo establecido en el tercer párrafo, algo que usted sí ha cumplido al llegar leyendo hasta este punto.
Si está leyendo esto una persona española, quedará convencida de su condición de «disminuida» o «discapacitada» desde que acabó la guerra, aunque hayan cambiado las leyes que nos ordenan.
La respuesta está muy cerca y no en el viento, como las de aquellas preguntas que lanzó Bob Dylan en 1963. Nuestra condición inferior, la de usted y la mía, está escrita en la misma Constitución que tan pomposamente Sánchez y Feijóo se disponen a cambiar. La encontrará perfectamente redactada siete artículos después del 49.
Avancemos despacio, uno tras otro, para asegurar nuestros pasos: cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro (ya van cinco), cincuenta y cinco…, y cincuenta y seis.
Exacto, la primera docena de palabras del punto 3 del séptimo artículo después del 49 dicen lo siguiente:
«La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
AQUÍ supimos que la ex Carmen Calvo había intentado resolver la condición de «disminuidas» que nos diferencia a todas frente a esa sola «persona», que es la que puede robar, violar o matar sin estar «sujeta a responsabilidad», y que se negó a librarnos de tal disminución, o discapacidad para delinquir, aceptando ser igual.
Siete meses y medio después de lo de Carmen Calvo supimos que un grupo de profesionales jurídicos de Illes Balears había planteado al presidente Sánchez que le dijera a esa «persona no sujeta a responsabilidad» que renunciara a ese privilegio durante su discurso de Navidad. De eso nos enteramos AQUÍ.
Y doce meses después de la Navidad anterior hemos vuelto a saber que, ante su primer fracaso, los profesionales jurídicos de Illes Balears han vuelto a insistir ante Sánchez. Esta vez nos hemos enterado, por ejemplo, AQUÍ.
¿Qué les parece si aprovechamos el momento de buen rollo PPSOE para terminar con la disminución, o discapacidad, que afecta a 48.000.000 a las que también nos podría gustar cometer delitos sin miedo?
¿O acaso, señores Sánchez y Feijoo, les resulta más difícil arreglar lo de una sola que lo de tantos millones?
Este artículo me parece vergonzoso y denigrante para las personas con diversidades funcionales (que es al final de lo que trata, de forma cutre e insuficiente, la propuesta de reforma del artículo 49 de la constitución.
Equiparar como equipara usted a las personas con alguna diversidad funcional con el resto de ciudadanos, demuestra que usted es una de esas personas que ni entiende ni le interesa la odisea diaria que representa intentar vivir para esas personas, en un país en el que hay legislación que aparenta protegerlas pero para lo único que sirve es para limpiar las conciencias de algunos y demostrar un buenísimo ridículo e ineficiente.
Las personas con diversidad funcional (discapacitados, minusválidos, inválidos o disminuidos, todas ellas palabras denigrantes en si mismas) padecen una discriminación diaria tanto por parte de las administraciones como por parte de la propia sociedad que habla mucho de la igualdad de todos pero a la hora de la verdad les discrimina y les trata como a apestados y a ciudadanos de segunda.
Usted, como periodista (que le supongo) debería dar ejemplo al tratar un tema tan necesario y no banalizarlo equiparándolo con el tema político en sí.
Un poquito más de respeto y conciencia, por favor.
Pues estoy muy de acuerdo con usted, JeroCobo, porque encuentro que, en gran parte, está diciendo lo mismo que yo pero, lógicamente, usted con sus palabras y yo con las mías, que en muchas ocasiones van cargadas de un ironía que no puedo evitar.
Para saber si coincidimos le preguntaría a usted, por ejemplo, si está de acuerdo, o al menos un poco de acuerdo, con mi propuesta de 49 palabras para el artículo 49.
Me ocurre que tengo una tendencia a considerar las palabras más por su significado en sentido amplio que por el significante que les atribuyen las tendencias dominantes en un determinado momento. Por eso, y puestos a emplear los términos que eligieron los padres de la Constitución o los de la reforma cutre de ahora (totalmente de acuerdo con usted) pues conceptualmente soy un «disminuido» o un «discapacitado» frente a los que son más capaces que yo, y no digamos a la hora de ser incapaces, por ley, de cometer delitos, frente a la capacidad de delinquir de Felipe VI y, además, con el agravante de que le han pedido que nos libre de esa discapacidad frente a él, decidiendo él ser igual que nosotros, y no le ha dado la gana. La verdad es que me parece algo tan grave que no puedo evitar recordar a cada momento tan despreciable comportamiento del privilegiado al que mantenemos con los impuestos. Y si me he referido a ello en este artículo es porque considero que las personas discriminadas, a las que usted con su comentario y yo con mi artículo, nos estamos refiriendo tienen exactamente la misma capacidad que usted y que yo para formarse una opinión sobre cualquier asunto. Por último, aprovecho para decirle que no soy periodista en sentido estricto. Me limito a observar y analizar lo que me rodea, especialmente lo que nos afecta a todos, y a dejar escritas mis opiniones allá donde tienen la gentileza de publicarlas. Un saludo, y a seguir luchando, que la causa es justa.
Hay una frase anónima que sería bueno que el Sr.JeroCobo contemplase:
«Quien no te quiere oir no te escucha ni siquiera si gritas .Quien te quiere entender te entiende incluso si no hablas».
Domingo Sanz clarifica a la perfección lo que hay y repite la insistencia de los jurídicos de las Islas Baleares lo cual
nada tiene que ver con discapacidad ni disminución física alguna.
En ese «buen rollo PP-PSOE están obviando lo esencial del asunto planteado en su día por Carmen Calvo que ninguno
de los dos dirigentes de ambos Partidos Sánchez-Feijoo se atreven a nombrar ni abordar.
Gracias Sr.Sanz y ya sabe que quien solamente dispone del poder de «la palabra» (como Vd.) ,únicamente hará lo que Vd. hace con rigor y seriedad en los medios informativos «no contaminados», ni afines a nadie :
Insistir….y seguir insistiendo para que los demás lo sepamos y veamos que es de justicia.
Ni vergonzosa ni denigrante
Ni vergonzoso ni denigrante y, mucho menos, banaliza a las personas que padecen o puedan padecer diversidades funcionales. El señor Sanz en su artículo está ejerciendo un irreprochable derecho fundamental amparado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. En el contexto de dicho artículo apunta y hace critica justificada y motivada a una desigualdad manifiesta, clara y ostensible sobre un privilegio injusto del que es único beneficiario Felipe VI como jefe de Estado en su condición de Rey, conculcando y contradiciendo el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra ley de leyes, una afrenta para todas las españolas y españoles y, sobre todo, para aquellas personas que más necesitan de la tutela del Estado para que sus derechos sean efectivos, caso de las personas a que hace referencia el ofensivo articulo 49.
Y tirando de la ironía, que no de la ofensa, propondría al actor de este artículo como mediador entre los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), que afirman ser de Estado, para abordar ésta y otras reformas, necesarias para el buen funcionamiento de nuestras instituciones, evitando todo tipo de discriminación como denuncia este autor y también el que ejerce injustamente su reproche. Y, miren por donde, nos saldría gratis.
OTROSI DIGO: Que en estas reformas y en cumplimiento del deber constitucional, no se olviden del Consejo General del Poder Judicial que va para seis años caducado, e xa cheira. Y como decimos aquí por mi tierra ‘uns polos otros e a cocina sen barrer’