La que iba a ser la inversión más importante de la historia reciente de la comarca de A Limia, un plan de regadío por 35 millones de euros, corre serio riesgo de ir al garete.
Las iniciativas judiciales por falta de datos sobre el proyecto, la resistencia frontal de algunos agricultores por su alto coste e incluso una reciente y tensa reunión de propietarios de grandes terrenos afectados con un alto responsable ponen en cuestión esta obra financiada mayoritariamente por Bruselas.
La obra deberá culminarse antes de 2027, pero en estos momentos no hay fondos asegurados ni para iniciar los trabajos.
El 12 de abril, la asociación de regantes Nova Limia, que engloba a 1.822 propietarios de fincas con una superficie total de 2.576 hectáreas, deberá presentar ante el Gobierno un aval de casi 17 millones de euros para sufragar su parte del plan. Pero las cuentas no cuadran.
En asambleas recientes de regantes, los directivos de la agrupación reafirmaron que el coste por hectárea rondaría los 2.700 euros, pero sin descartar que pudiese alcanzar los 4.000. Se encontraron con improperios y amenazas de denuncias e impugnaciones de muchos asociados en reuniones broncas
El monto real a día de hoy, no obstante, y si nada cambia y no hay ayudas adicionales de la Xunta por al menos 7 millones de euros, superaría ampliamente los 7.000 euros por hectárea.
Esa persistente indefinición de costes y las inexactitudes y presuntas irregularidades producidas en las propias asambleas y en la tramitación del plan parece que ya ha hartado a un numeroso grupo de regantes.
Esa fecha del día 12 de abril, llega en un momento en el que nadie sabe si seguirá en el cargo o no el conselleiro de Medio Rural en funcione, José González. González es un firme adalid del plan, sobre todo en la pasada campaña electoral, en el que la Xunta ya invirtió 7 millones de euros para los pozos de captación de aguas como complemento a los 35 millones del proyecto para regar.
Antes del 1 de septiembre, esos casi 2.000 propietarios deberán abonar en el banco una cifra aún no definida, con avales financieros no asegurados ni rubricados y con una hostilidad muy abierta de muchos de los afectados. Nadie ya garantiza nada.
Sin garantías
El tiempo, las administraciones públicas, los regantes y hasta los jueces dirán si todo se frustra o no. Pero en este momento es probable que una multimillonaria ayuda europea puede irse al tacho.