Se trató el tema de las retribuciones, el modelo de carrera profesional, la consideración de la profesión militar como de riesgo y la actualización y desarrollo de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, así como la problemática de los alojamientos logísticos.
Una delegación de la Asociación de Tropa y Marinería Española «ATME», compuesta por su presidente y su secretario, se reunieron el día 27 de junio en la sede del Defensor del Pueblo con el personal encargado del Área de Educación, Cultura y Empleo del citado Alto Comisionado de las Cortes Generales.
Las primeras palabras del presidente de la Asociación fueron para lamentar la ausencia del titular de la institución en la reunión, Angel Gabilondo, ya que se había solicitado expresamente con él, siendo para la Asociación una falta de respeto hacia los miles de militares que representaban. No se puede comprender que el Defensor del Pueblo no tuviera en su agenda unos minutos libres para recibir a una representación de estos servidores públicos que tanto han sacrificado y continuaban sacrificando por este país.
El Defensor del Pueblo había perdido una ocasión única de poder escuchar de primera mano las reivindicaciones del personal militar, especialmente de la tropa y marinería, en diversos temas donde estos sentían que no eran tratados a semejanza del resto de personal de la Administración, al no tener los mecanismos que tenían otros colectivos para poder defender sus intereses retributivos y profesionales. En una palabra, como expresó el secretario de ATME, se consideraban tratados como ciudadanos de tercera.
Sabiendo de antemano, como también hizo hincapié el personal del organismo, de la limitación de los temas que podía entrar a valorar el Defensor del Pueblo, ATME entregó diversos documentos en relación a la actualización de las retribuciones del personal militar, incluyendo personal en la reserva y reservistas de especial disponibilidad, la necesidad de la aprobación de una nueva Ley Única de la carrera militar que eliminase la alta temporalidad, el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo, y la necesaria actualización y desarrollo de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes del personal militar. En este último tema se habló no solamente de la necesidad de un desarrollo del asociacionismo militar y del funcionamiento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), sino del actual problema que viven los militares con respecto a los alojamientos y residencias logísticas, con listas de espera y desalojos, a veces solucionados parcialmente hacinando soldados en las camaretas o alojándolos en naves sin las debidas condiciones de habitabilidad.
Agradeciendo desde la Asociación el tiempo dispuesto para poder exponer todos estos temas tan importantes para el colectivo militar, solo queda esperar que el Defensor del Pueblo, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, entre ellos por tanto de los militares, pueda entrar a defender alguno de los temas expuestos.