Entiende probado que no garantizó la presencia física de personal de enfermería durante las 24 horas y que la comida era escasa
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sanción de 38.000 euros impuesta por la Xunta a una fundación por cometer seis infracciones en la gestión de una residencia de mayores de Ourense, una de ellas muy grave. De esta forma, ha desestimado el recurso presentado por la entidad contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ourense, que consideró “plenamente acreditada” la comisión de los hechos por los que fue multada.
En concreto, la administración pública le impuso dos sanciones por infracciones leves de 1.000 euros cada una por no presentar en el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais las memorias de actividades de la entidad de los años 2016, 2017 y 2018 y por las deficiencias estructurales o de acabado en los locales y en las instalaciones, en el mobiliario o en los útiles, así como en su funcionamiento, sin que de ello derivase un riesgo para las personas usuarias.
Destaca que aplicó a un residente una medida de contención física tipo chaleco de sujeción en silla sin prescripción médica ni consentimiento
Además, la multó por incurrir en tres infracciones graves. Así, la sancionó con 3.001 euros por no respetar el menú expuesto y por la escasez de la comida que se servía; con 15.000 euros por no garantizar la presencia física de personal de enfermería durante las 24 horas; y con 3.001 euros por obstrucción a la labor inspectora. Por último, la Xunta le impuso el abono de 15.001 euros por cometer una infracción muy grave al aplicar a un residente una medida de contención física tipo chaleco de sujeción en silla, sin prescripción médica ni consentimiento informado.
El TSXG advierte que la revisión de la valoración probatoria “solo se puede llevar a cabo cuando se denuncia en la apelación la infracción de las reglas sobre la carga de la prueba, cuando el juicio valorativo se revela de modo patente o manifiesto como erróneo, ilógico, arbitrario o irrazonable o cuando conduce en su conjunto a resultados inverosímiles, pero no cuando del escrito de apelación se desprende el mero propósito de la parte apelante de sustituir con su propia valoración de la prueba la realizada por el juzgador de instancia”.
Por ello, explica que únicamente analizará las alegaciones concernientes a las tres infracciones nominativamente identificadas. La Sala indica que las alegaciones y las pruebas que el expedientado incorporó “no se estimaron suficientes para enervar las circunstancias personalmente apreciadas y observadas por los inspectores, determinantes de acciones u omisiones tipificadas en la ley como infracción”.
En la resolución, los jueces señalan que la necesidad de que el centro cuente con personal de enfermería “en número suficiente para garantizar su presencia durante las 24 horas del día” es una exigencia impuesta en la Orden de 18/04/1996 relativa a la regulación de las condiciones y requisitos específicos que han de cumplir los centros de atención a personas mayores. “La juzgadora de instancia no incurrió en ningún error: en esas dos visitas -realizadas por los inspectores en 2019 y 2020-, el número de dependientes superaba los 40, lo que obligaba a contar con la presencia física de personal de enfermería permanente durante las veinticuatro horas”, subraya el TSXG.
La Sala también recalca que en la sentencia de primera instancia se analiza la sanción de 3.001 euros que se le impuso a la fundación por no respetar el menú expuesto y por la escasez de la comida que se servía a las personas usuarias. Así, entiende que las alegaciones realizadas por la entidad resultan “insuficientes” para desmerecer la apreciación personal de la inspección, “que no dejó margen para la duda acerca de que las cantidades servidas eran escasas”.
En cuanto a la sanción de multa de 15.001 euros que se impuso a la apelante, confirmada por el juzgado de primera instancia, el alto tribunal gallego recalca que “no es factible compartir la tesis esgrimida en el recurso de que la medida de sujeción aplicada no comportó un trato degradante ni incompatible con la dignidad del usuario”. De esta forma, recuerda que las medidas de contención “no se han de aplicar cuando hay medidas alternativas, ni como castigo, por comodidad del personal o por reducir la vigilancia”. Los magistrados afirman que la parte apelante “no ha demostrado que esa medida de contención era necesaria, segura, proporcionada, justificada, prescrita por especialista y consentida”. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.