La reciente aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 1155/2024) introduce modificaciones relevantes en las vías de regularización para personas extranjeras en España. Si bien algunas medidas pueden interpretarse como un avance, el impacto real de estas reformas plantea serias preocupaciones, especialmente para los solicitantes de asilo, quienes resultan claramente desfavorecidos.
Cambios destacados: ¿avance o retroceso?
Entre las novedades, el Reglamento modifica los requisitos para acceder a las autorizaciones por arraigo, introduciendo ajustes en su alcance y duración:
- Restricción del arraigo familiar: excluye a padres de menores españoles y a hijos de españoles de origen, quienes ahora deben tramitar una nueva autorización con características específicas. Aunque esta medida busca simplificar ciertos casos, deja fuera a colectivos históricamente protegidos bajo el arraigo familiar.
- Ajustes en el arraigo social y sociolaboral: Aunque se eliminan algunos requisitos, las nuevas condiciones siguen siendo exigentes, como la necesidad de vínculos familiares o contratos laborales en un mercado ya precarizado.
- Nuevo arraigo de segunda oportunidad: permite regularizar a personas que perdieron su residencia, pero su alcance sigue siendo limitado y excluye otras situaciones de vulnerabilidad.
El golpe a los solicitantes de asilo
Una de las medidas más controvertidas es la decisión de no contabilizar el tiempo acumulado durante la solicitud de asilo para acceder a una autorización por arraigo. Este cambio afecta directamente a miles de personas que recurrían a este proceso como una vía para permanecer en España de forma regular mientras buscaban estabilizar su situación.
Aunque se establece un período transitorio de 12 meses para quienes ya tienen resoluciones denegatorias, la reforma deja desprotegidas a muchas personas que aún están en trámite, con plazos administrativos que pueden extenderse hasta años. En la práctica, esto obliga a muchos solicitantes a elegir entre continuar con su solicitud de asilo o desistir para empezar a acumular tiempo en situación irregular, lo que representa una decisión extremadamente difícil y una vulneración indirecta de sus derechos.
Nuevas autorizaciones: un alivio parcial
Por otro lado, el Reglamento incluye avances positivos, como la residencia temporal para familiares de personas españolas, que amplía el número de beneficiarios y permite trabajar en todo el país, y la autorización para trabajos de temporada, que introduce mayor flexibilidad. Sin embargo, estas medidas no compensan los efectos negativos para los colectivos más vulnerables.
Un problema que afecta a todos
Desde nuestra entidad, que brinda apoyo a personas extranjeras sin recursos, advertimos que este Reglamento no solo incrementará la necesidad de asistencia para cubrir aspectos básicos, sino que también dificultará significativamente el camino hacia su autonomía. Esto prolongará su dependencia de los servicios sociales y perpetuará dinámicas de exclusión que podrían prevenirse mediante una normativa más inclusiva y acorde con la realidad social.
Como organización que trabaja con colectivos en situación de vulnerabilidad, observamos con preocupación cómo estas reformas obstaculizan aún más la integración de las personas extranjeras. La imposibilidad de acceder al mercado laboral refuerza la exclusión social y, en el caso de los menores, perpetúa un ciclo de pobreza que compromete tanto su presente como su futuro.
Una reforma insuficiente
Si bien el nuevo Reglamento busca actualizar y simplificar algunos procedimientos, también incrementa la precariedad de ciertos colectivos, especialmente los solicitantes de asilo, quienes enfrentan ahora mayores barreras para regularizar su situación.