¿Para cuándo el indulto a Pablo Hasel? Por Germán Gorraiz

Con la Ley Mordaza y la interpretación expansiva de los delitos de odio, la libertad de expresión quedó seriamente constreñida y alcanzó el paroxismo con la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por presuntos «delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona»

 A pesar de la masiva respuesta popular en el Estado español así como las campañas internacionales para denunciar la asimetría jurídica entre el caso Hasel y los contenciosos del Rey Emérito, Pablo Hasel fue condenado a seis años y dos meses de cárcel y no obtendrá la libertad definitiva hasta el 14 de abril de 2027.

Dicha cruzada  involucionista tendría a la Audiencia nacional y al Tribunal Supremo como brazos ejecutores del tardofranquismo judicial y cuyo objetivo confeso sería la implementación de la llamada Doctrina Aznar que tendría objetivo último «criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español.

La politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann define dicha teoría como «la deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo», con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva (» Hasel merece entrar en prisión por sus crímenes abyectos»).

Por su parte, el gobierno español anunció en su día que planeaba reducir la pena por delitos vinculados a la libertad de expresión como la glorificación del terrorismo, discurso de odio o insultos a la Corona y la religión, en el contexto de actividades culturales o artísticas, promesas huecas que no han cristalizado.

Indulto para Hasel

En 2.021, el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional informó en contra del indulto al rapero solicitado por la Academia Catalana de la Música pese a que la cárcel destacó su buen comportamiento, pero tras cumplir la mitad de su condena se antoja urgente la presión de los grupos progresistas del Congreso para lograr el indulto a Pablo Hasel.

Asimismo, es perentoria la derogación de la Ley Mordaza del 2015, la interpretación exhaustiva de la Ley de Odio y de los artículos 578 y 491 del Código Penal relativos a los delitos de «enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona» hechos que marcarían un hito en la defensa de la agónica libertad de expresión de la sui generis democracia española.