Xosé Edrosa Leal
Mañana lunes 27 de enero (de 10:00 a las 13:00 hs.) se celebra una gran concentración frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, convocada por varias asociaciones de víctimas de bebés robados en España (Calle Fortuny nº 4- Madrid), con el objeto de conmemorar el 14 aniversario de la denuncia conjunta de 261 víctimas afectadas por la desaparición forzada de sus familiares, a las que se suman muchas otras presentadas individualmente y todas ellas corriendo la misma suerte, el archivo y, consecuentemente, la perpetuación del estado de impunidad, hechos reiterados y consumados en este Estado social y democrático de Derecho. Una vergüenza!
En ese lugar en el que estáis reunidos, sede del Ministerio público, encargado de impulsar la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, esa es su misión, cumplir la Constitución y las leyes que dimanan de ella, haciendo honor al Estado de Derecho que nos protege y nos ampara como ciudadanos con nuestros deberes y obligaciones.
He señalado en numerosas ocasiones el hecho vergonzoso con que son tratadas todas las personas que demandan justicia en el ámbito histórico de las desapariciones forzosas, sobre todo de menores, fenómeno producido en este país con mayor intensidad y violencia sistemática durante la dictadura franquista, con absoluto desprecio al derecho y a la humanidad de sus víctimas. He visto y comprobado incluso, la flagrante omisión legislativa en esta materia, que afecta a los derechos fundamentales de este colectivo consagrados en nuestra Carta Magna . También he visto, el incumplimiento obsceno de los Convenios y Tratados internacionales sobre esta naturaleza, solemnizados y ratificados por el Reino de España, o sea, con rango de Ley. Pero también he visto, tristemente, como nuestra Administración de Justicia hace caso omiso de los mismos, soslayando de tal modo lo preceptuado en el artículo 10.2 de la Constitución, el cual prescribe que tales derechos se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España. Hagámoslo!
Sobre este tenor, en el día de hoy, quiero recordar y compartir con todas vosotras y vosotros, los que estáis ahí y también los ausentes que, el 27 de septiembre de 2007, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Nueva York la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, aprobada y ratificada por el Rey de España el 14 de julio de 2009, prometiendo cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe en todas sus partes. Pues bien, Majestad, han pasado más de 15 años y no se ha cumplido ni observado en ninguna de sus partes, y ahí están en la calle esas mujeres y hombres pidiendo JUSTICIA, VERDAD, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, escúchenlas y actúen, por favor.
Esta norma de derecho internacional de obligado cumplimiento en todo el territorio español, primando su contenido por encima de todas nuestras normas internas, dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para dar respuesta a los objetivos que afectan al colectivo conocido popularmente de «bebés robados´´ y/o desaparición forzada de menores, fenómeno causal que se ha venido produciendo en España durante la época de referencia. No obstante, es necesaria la transposición de esta norma a nuestro derecho interno como legislación básica, determinando la tipificación de este tipo de delitos de lesa humanidad e imprescriptibles por el transcurso del tiempo; dotándola asimismo de los recursos tanto humanos como materiales para su efectividad. Por ello, esta reivindicación también deberá ir dirigida a nuestros legisladores, para que, de una vez por todas, desbloqueen esta anormal e injusta situación, dando a sus víctimas el amparo, la protección y seguridad jurídica en la consecución de sus objetivos.
Como podemos ver, la reivindicación que mañana va a formular este colectivo ante la Fiscalía General del Estado para que se haga justicia, su acogimiento no es una cuestión de voluntad de los poderes públicos, sino una obligación constituida por una norma legal de obligado cumplimiento, como es el citado tratado, y también el propio derecho constitucional vulnerado por omisión legislativa. Esta es la cuestión que por imperativo legal deberán ponderar tanto la Fiscalía General de Estado como nuestros legisladores. Que así sea.
De esta manera, quiero unir mi voz con todas y todos vosotr@s en este desierto ensordecido, de esta mañana fría del Madrid de invernía, pidiendo justicia para todas aquellas y aquellos que buscan el encuentro de un ser que aman y que no les han dado la oportunidad de conocer. Seguid gritando vuestra verdad, pues siempre habrá una pluma para que el olvido, el silencio y la iniquidad no se perpetúen.
