Si algo tiene la hostelería en este país, y en A Coruña en particular, es que cuando las cosas van bien, callan y llenan la caja. Y cuando van mal, lloran y piden ayuda. Ahora, otra vez, toca llorar. Que si el ruido, que si las sanciones, que si las normativas. Pobrecitos. Vaya por delante que nadie niega el derecho a un negocio rentable, ni el esfuerzo que supone abrir y cerrar un local todos los días. Pero lo que empieza a cansar es esa cantinela de que el mundo está contra ellos.
A ver si nos entendemos. No estamos en los años 90, cuando podías montar un garito en un bajo sin insonorizar, colocar cuatro mesas en la calle sin permiso y llenar la barra de parroquianos fumando y gritando hasta las cinco de la mañana. Han cambiado los tiempos. Y han cambiado las leyes. Y ahora resulta que hay que cumplirlas. Qué sorpresa.
Pero no, los hosteleros coruñeses no se conforman. Quieren que les revisen las sanciones porque dicen que son “arbitrarias”. ¿Arbitrarias? Hombre, en una ciudad donde cualquiera con dos dedos de frente sabe cuáles son los locales que llevan años pasando de todo, decir que las multas son arbitrarias es tomarnos por idiotas. ¿O acaso no sabemos todos dónde se generan las peleas, los ruidos y los escándalos cada fin de semana? Pero claro, cuando los vecinos llevan meses llamando a la policía, cuando finalmente les cae una multa, entonces es una “injusticia”.
También piden revisar las mediciones acústicas porque, según ellos, las de la policía no son válidas. Claro, ahora resulta que un tío con un sonómetro homologado no tiene ni idea, pero el hostelero que lleva toda la vida poniendo los altavoces en la puerta sí. Porque aquí la culpa nunca es del que pone la música a todo trapo, sino del vecino amargado que quiere dormir.
Y lo mejor: piden una “bolsa de ayuda” para adaptar los locales a las normativas. O sea, que después de años de saltárselas, después de hacer caja con terrazas ilegales y barras que se extienden más allá de la licencia, ahora quieren dinero público para ponerse al día. Maravilloso. Y luego nos hablan de “inseguridad jurídica”.
Pero lo más delirante de todo es lo de la reforma de las ventanas de los vecinos. Es decir, los mismos hosteleros que llevan años molestando con música, gritos y peleas en la calle, los que han convertido ciertas zonas en un infierno nocturno, ahora tienen la cara de pedir que el dinero público financie cambiarle las ventanas a la gente. Como si el problema no fuera el ruido que generan ellos, sino la mala calidad del cristal de los pisos de alrededor. Es el colmo del cinismo. La solución no es cambiar las ventanas. La solución es que los bares insonoricen, respeten horarios y dejen de comportarse como si la ciudad fuera un parque temático de alcohol y ruido.
La hostelería es importante, nadie lo discute. Pero hay una diferencia entre pedir lo justo y exigir privilegios. Hay hosteleros que cumplen las normas, que invierten en insonorización, que pagan sus impuestos y que tratan bien a los clientes. Y luego están los otros, los que ahora se quejan porque, después de años de barra libre, les han dicho que ya está bien.
Así que menos victimismo y más asumir responsabilidades. Porque este cuento de la hostelería perseguida ya cansa. Y, además, no cuela.
