La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que revocará el estatus legal temporal de aproximadamente 532.000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida, que entrará en vigor a finales de abril, dejará a estas personas sin permisos de trabajo y sin protección contra la deportación.
La decisión del gobierno de Trump revierte una política migratoria establecida por la administración del expresidente Joe Biden. Según la nueva normativa, los migrantes que llegaron a Estados Unidos después de octubre de 2022 tendrán un plazo de 30 días para abandonar el país. De no hacerlo, se enfrentarán a arresto y deportación, según advirtió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, justificó la medida argumentando que los migrantes que ingresaron bajo el programa de la era Biden, conocido como el proceso CHNV, fueron sometidos a una «revisión vaga».
Esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes, quienes advierten sobre el impacto humanitario que tendrá en las personas afectadas. Se estima que la revocación del estatus legal afectará a miles de familias que han construido sus vidas en Estados Unidos.
La medida entrará en vigor el 24 de abril, 30 días después de la publicación oficial del aviso en el registro federal, prevista para el 25 de marzo.
