El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, un significativo incremento presupuestario para seguridad y defensa. Este plan inyectará 10.471 millones de euros adicionales, permitiendo alcanzar el 2% del PIB dedicado a este ámbito en el presente ejercicio.
El 35% de la inversión total se asignará a uno de los pilares fundamentales del Plan, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, optimizar su preparación y fortalecer el equipamiento de las Fuerzas Armadas.
De los aproximadamente 3.700 millones de euros asignados a este fin, cabría esperar que en alguno de sus puntos se atendieran las históricas demandas de los militares y de las asociaciones profesionales para obtener unas condiciones retributivas y profesionales dignas, priorizando sus reivindicaciones por encima del gasto en armamento y material, proyectos, etc.
Sin embargo, las declaraciones del presidente han supuesto un nuevo revés para estas expectativas. Sánchez dio por concluido el aumento de las retribuciones, afirmando haber cumplido ya ese compromiso, y centró el nuevo gasto en el incremento de efectivos, la mejora de equipamientos, una mayor formación y un ambiguo «justo reconocimiento». Concluyó señalando que estas medidas responden a una demanda histórica de los militares y sus familias, que «estamos empezando a saldar».
Esta perspectiva es recibida con profundo desacuerdo por parte de ATME. Considera erróneo que el Gobierno y el ministerio de Defensa, cuya ministra estaba presente en la comparecencia, crean que estas medidas satisfacen las aspiraciones de los militares.
La Asociación de Tropa y Marinería Española «ATME», en particular, manifiesta su enfado ante la afirmación de que se están saldando las deudas con los militares y sus familias. Sus demandas históricas persisten: un aumento retributivo que ATME cifra en 1.108 millones de euros anuales, una vez descontados los 368 millones aprobados recientemente, para garantizar que los militares y sus familias puedan llegar a fin de mes sin dificultades; un modelo de carrera profesional atractivo que erradique la temporalidad; el reconocimiento de la profesión como de riesgo; y la urgente actualización de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, entre otras muchas reivindicaciones, siguen abiertas.
Por todo esto, ATME y los militares se concentrarán el próximo 26 de abril ante el Ministerio de Defensa. Consideran crucial aprovechar este momento histórico, en el que se alcanzará el 2% del PIB en Defensa, para abordar sus necesidades, y no permitir que después se les recrimine, como ya hizo en su día la ministra Margarita Robles, que dejaron pasar su oportunidad de reivindicar las mejoras necesarias.
