El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado un acuerdo fundamental para la aprobación de los Presupuestos de Baleares de 2025. El pacto, anunciado este viernes, incluye medidas significativas que redefinen políticas clave en la comunidad autónoma, como la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la limitación en la acogida de menores extranjeros no acompañados y una reestructuración de la financiación para la promoción del catalán.
El documento del acuerdo, al que ha tenido acceso Servimedia, fue firmado por Sebastià Sagreras, portavoz del PP, y Manuela Cañadas, portavoz de Vox. La derogación de la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares era una de las principales exigencias de Vox para dar luz verde a las cuentas autonómicas del próximo año.
Impacto en Migración y Vivienda
En materia de inmigración, el acuerdo establece compromisos estrictos. Se rechazará la acogida de más menores extranjeros no acompañados derivados de otras comunidades autónomas. Además, se implementarán pruebas de edad «de mayor fiabilidad» para estos menores y se tramitará la expulsión de quienes no las superen.
El pacto también introduce medidas para la identificación de «pisos patera» y empadronamientos irregulares, tipificando como infracción grave la promoción de la ocupación de viviendas por parte de inmigrantes irregulares. En cuanto a las ayudas sociales, se fija un mínimo de tres años de residencia legal para acceder a ayudas de emancipación de extutelados y para la Renta Social, salvo causas justificadas. También se contempla la supresión de subvenciones a ONG que «colaboren con el tráfico de personas» y la inmigración irregular, así como la elaboración de planes de retorno de menores migrantes no acompañados a sus países de origen.
Reajuste Presupuestario y Lingüístico
El acuerdo mantiene las medidas fiscales introducidas por Vox en los presupuestos de 2024, que incluían la retirada de subvenciones a patronales y sindicatos. Se buscará la reducción de partidas destinadas a «políticas de carácter ideológico» y una redefinición de los fondos para la promoción del catalán, centrando estos recursos en cursos de formación y en la difusión de autores locales, en lugar de otras iniciativas de promoción lingüística.
Para asegurar la eficiencia en el gasto público, el documento establece una mayor coordinación con los consejos insulares para evitar duplicidades, además de la realización de auditorías en organismos y empresas públicas para eliminar gastos superfluos.
