La polémica en torno al plan de modernización del regadío de A Limia, con una inversión de 35 millones de euros más IVA, financiada en un 80% por fondos Next Generation de la Unión Europea, adquiere nuevas dimensiones. Se han detectado irregularidades en, al menos, una decena de juntas generales o asambleas celebradas entre 2022 y 2023, que, a pesar de cumplir con los avisos previos a los regantes y los procedimientos administrativos, no respetaron la legalidad en su desarrollo.
La normativa general y los estatutos de las comunidades de regantes afectadas —Alta Limia, Lamas-Ganade-Corno do Monte y San Salvador Sabucedo, ahora unificadas bajo la nueva denominación Nova Limia— exigen un requisito fundamental que se incumplió en al menos diez ocasiones: el voto ponderado.
Este sistema de votación no es personal, es decir, no se basa en «un voto, una persona», como se aplicó erróneamente. Por el contrario, el voto se barema según la legislación aplicable y los estatutos de cada una de las cuatro asociaciones participantes. Esto implica que el peso del voto de cada propietario no es igual, sino que se determina en función de las hectáreas integradas en la comunidad de regantes. Así, el sufragio de un propietario con media hectárea no tiene el mismo peso que el de alguien que posee 30 hectáreas dentro de los registros de las agrupaciones.
La asamblea clave del 9 de mayo de 2023
Lamentablemente, el voto ponderado fue obviado de manera sistemática durante años, incluyendo la decisiva asamblea del 9 de mayo de 2023. Esta reunión, celebrada en el pabellón de deportes de Xinzo de Limia, contó con la presencia de destacadas figuras políticas, como el subdelegado del Gobierno en Ourense, el vicepresidente de la Diputación provincial y un alto representante de la empresa pública SEIASA, entre otras autoridades. En un contexto de campaña electoral para las municipales de 2023, estos «prebostes» o «notables» de diferentes partidos políticos prometieron diversas ayudas y subvenciones.
Dicha reunión resultó determinante para la aprobación del multimillonario proyecto. Sin embargo, la votación se llevó a cabo de manera unipersonal, a mano alzada, y no ponderada, en abierta contradicción con la Ley de Aguas, la Ley de Aprovechamiento Hidráulico y las propias ordenanzas de las cuatro comunidades fusionadas en Nova Limia. La vigencia legal de Nova Limia databa de finales de 2022, según acreditan textos legales avalados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
Repercusiones y movilizaciones
El recorrido legal de estas y otras posibles irregularidades está aún por definirse. No obstante, la Unión Europea, principal aportadora de fondos, sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Este medio tiene constancia de que, en los últimos días, diversas agrupaciones y particulares afectados han presentado documentación ante instituciones autonómicas, estatales y europeas, que supuestamente contradice algunas de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años por la comunidad general Nova Limia y, por extensión, por la Sociedad Pública SEIASA, dependiente del Ministerio de Agricultura.
Bruselas tiene el ojo pendiente en esta obra cuestionada desde el principio, no por su conveniencia y necesidad, sino por los modos de llevarla a cabo. Muchas reuniones estuvieron marcadas por reproches y crispación en asambleas, como la acaecida en primavera del pasado año cuando uno de los presidentes de las comunidades de regantes hizo un corte de mangas a varios regantes y gritó jodeos. Los aludidos le replicaron que bajase de su estrado afirmando «baixa aquí cabrón, fillo de puta» y otros improperios, en medio de una gran tensión.
Mientras tanto, los vecinos de San Pedro de Laroá continúan sus movilizaciones en contra de la balsa, uno de los cuatro pilares del plan de regadío. Afirman que no cesarán hasta que sus reivindicaciones se cumplan: trasladar la proyectada piscina de 25 millones de litros de agua unos centenares de metros. Su objetivo es evitar el riesgo de inundación de la aldea y, en caso de catástrofe, proteger las vidas humanas, asegurando que esta medida no tendría coste adicional
