JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha presentado una solicitud formal ante la Dirección General de la Guardia Civil para conocer el estado actual de los edificios y acuartelamientos en los que los agentes desarrollan su labor en todo el territorio nacional, tras detectar el grave deterioro en el que se encuentran muchos de ellos. La organización advierte en su escrito de una preocupante falta de inversión en el mantenimiento preventivo y correctivo de estas infraestructuras, lo que compromete tanto la seguridad de los efectivos como la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía.
Muchos de estos inmuebles incluyen pabellones o casas cuartel, viviendas oficiales en las que residen guardias civiles junto con sus familias, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. El deterioro de estas instalaciones afecta directamente al bienestar, la dignidad y las condiciones de vida de sus ocupantes y, en algunos casos, incluso a su seguridad personal, además de dificultar el correcto desempeño del servicio público que presta la Guardia Civil.
En la solicitud, firmada por el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, se reclama una radiografía completa del parque inmobiliario del Instituto Armado. Entre los datos requeridos se incluyen el número total de instalaciones operativas, su año de construcción, tipología (puestos ordinarios, comandancias, especialidades, etc.), estado de conservación y fecha de las últimas inspecciones técnicas realizadas.
Asimismo, JUCIL exige información sobre los acuartelamientos cerrados en los últimos diez años, especificando los motivos —ya sea por deterioro, reorganización operativa o falta de personal—, así como el acceso a cualquier plan de reforma, traslado o clausura actualmente en marcha.
La asociación recuerda que la Benemérita está desplegada en zonas rurales, fronterizas, urbanas y estratégicas, lo que exige una infraestructura amplia, funcional y bien mantenida. “La modernización de los edificios y el cumplimiento de las normativas de seguridad, accesibilidad, eficiencia energética e higiene no son opcionales, sino un deber legal y moral para con los profesionales que los ocupan”, subraya Vilariño.
Entre los casos más preocupantes, JUCIL destacan:
- Toledo, donde se ha iniciado la demolición de varios bloques del acuartelamiento tras años de deterioro estructural y un desalojo precipitado de las familias afectadas.
- Intxaurrondo (Guipuzcoa), que presenta deficiencias graves de habitabilidad, objeto de quejas reiteradas por parte de los agentes.
- Cartagena, con un cuartel que se derrumbó y está siendo reconstruido, pero con menos pabellones para las familias, generando un problema de alojamiento para estas.
- Antequera (Málaga), en estado de ruina, donde ya se han producido desprendimientos de cornisas que incluso han caído sobre vehículos, sin tener que lamentar daños personales.
- Bande (Orense), donde el acuartelamiento está a punto de ser declarado en ruinas.
- Noreña y Avilés (Asturias), ambos también en estado ruinoso, aunque el primero ha sido objeto de unas pequeñas obras únicamente en la planta baja, que no han paliado totalmente la situación.
- Irún (Guipuzcoa), Rollán y Villavieja (Salamanca), entre otros, presentan también deficiencias estructurales severas.
JUCIL subraya que esta situación vulnera lo establecido en normas como la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006) y la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además, recuerda que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es obligatoria en construcciones antiguas o con incidencias estructurales, aunque su competencia sea autonómica o local.
“La falta de mantenimiento de los acuartelamientos no solo compromete la dignidad del trabajo de los agentes, sino también la operatividad del Cuerpo en todo el país”, denuncia la asociación, que insiste en su derecho a participar en la política de personal y condiciones de servicio, conforme a la Ley Orgánica 11/2007. Con esta iniciativa, JUCIL pretende dar visibilidad a una situación que afecta directamente no solo a la dignidad, seguridad y bienestar de los miembros de la Guardia Civil y sus familias, sino también a su eficacia operativa, y reclama soluciones inmediatas y estructurales por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General del Cuerpo
