Los vertidos efectuados en el pasado en la fosa atlántica a más de 4.500 metros de profundidad procedente de instalaciones civiles, laboratorios y subproductos del uso de la energía nuclear sin especificar la composición y estado exacto del contenido de los bidones arrojados en la zona por diversos países europeos (Reino Unido, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Italia), fue una práctica común en el pasado para deshacerse de los residuos nucleares en aguas internacionales a veces sin protocolos de seguimiento real convirtiendo la fosa atlántica en un cementerio nuclear submarino. España jamás ha ejecutado vertido alguno en la zona ni tiene responsabilidad directa sobre aquellos residuos que permanecen en el fondo marino. La renuncia de la Unión Europea a investigar la situación actual de tales residuos ha llevado a Francia a realizar investigaciones por su parte de modo independiente, sabedores que, desde hace más de 30 años, no existe documentación fiable del estado real de esos residuos arrojados al mar.
El Convenio Internacional de la Organización Marítima Internacional de Londres a principio de los años 1990 vetó cualquier vertido radiactivo al mar que de modo rutinario buques de nacionalidad holandesa, Belga, franceses ,alemanes e italianos las depositaban en la fosa atlántica dónde se supone que existen más de 220.000 bidones con material radioactivo y en la zona de los emplazamientos de la llanura abisal atlántica se ejecutaban muestreos y
análisis de superficie en campañas científicas que muchas veces se limitaban a la extracción de muestras superficiales, siendo la última confiable la ejecutada en 1.988.
La radioactividad jamás podría alcanzar las costas de Galicia
La reciente misión científica francesa Nodssum ha realizado un exhaustivo análisis de los vertidos nucleares en la Fosa Atlántica, a más de 1.000 km de las costas gallegas. Tras cartografiar más de 2.000 bidones a lo largo de 120 kilómetros cuadrados y recoger muestras del fondo marino con tecnología avanzada como el robot ULyX, la misión ha confirmado la ausencia de niveles de radiactividad alarmantes tanto en superficie como en las muestras recogidas. La investigación planea futuras inmersiones para análisis aún más precisos, acercándose directamente a los bidones. Es crucial entender que, de existir alguna radiactividad, jamás podría alcanzar las costas de Galicia debido a la distancia y las corrientes.
En lugar de generar confianza, la iniciativa francesa ha desatado una sorprendente reacción en el ámbito político español y gallego.
Los gobernantes actuales salen en los medios buscando «respuestas» y explicaciones al Gobierno central, un comportamiento que resulta innecesario dado que la Organización Marítima Internacional (OMI) ya ha analizado el asunto exhaustivamente y la descarga de estos productos está prohibida en el Atlántico Nordeste. Esta alarma desproporcionada recuerda al excesivo revuelo de 1982 cuando el buque Sirius llegó a Vigo, recibido por más de 10.000 «ecologistas» movilizados por Greenpeace, a pesar de que las autoridades de entonces no tomaron medidas significativas frente a prácticas de vertido que, incluso en EE. UU., se realizaban sin protección.
Mientras Francia invierte considerablemente en la prevención y monitoreo de sus propios vertidos pasados, algunos grupos ecologistas y ONG en España reavivan los «fantasmas del pasado» y se dedican a alarmar sin fundamento, en lugar de identificar y publicitar los hechos científicos. Las autoridades políticas españolas, al parecer poco familiarizadas con estos asuntos, buscan rédito mediático pidiendo explicaciones al Gobierno o sugiriendo contactos con la misión francesa, un estudio que, por su naturaleza, será publicitado por sus responsables cuando lo consideren oportuno para la comunidad internacional.
Fotografía. Ecoloxistas en Acción
Fotografía. Ecoloxistas en AcciónEl peligro olvidado del Prestige: Un costo asumible para España
Paradójicamente, el verdadero riesgo que debería preocupar a Galicia y a los gallegos es el estado actual del Prestige. La recomendación de un científico vigués para inspeccionar el pecio parece ignorada. Es fundamental verificar si la corrosión ha dañado el casco y los tanques que aún contienen restos de fuel, y asegurar que el agente químico utilizado para neutralizar el vertido sigue siendo efectivo. De un eventual colapso del casco en invierno, los vientos predominantes y la contracorriente costera acercarían esos restos a las playas y costas de Vigo, sin que se sepa si son contaminantes o no debido a la falta de interés del Gobierno español en anticiparse y prevenir otro desastre.
Lo que Francia invierte en sus medidas preventivas es significativamente más costoso que una expedición española al Prestige. Recordemos que el batiscafo Nautile supuso un coste de 700.000 euros semanales en su momento. Hoy en día, el costo para conocer con exactitud el estado del Prestige es perfectamente asumible por España.
La inacción de nuestros políticos es preocupante.
Si el peor escenario con los restos del Prestige se materializa, estos representantes saldrán a justificar su pasividad, sabiendo que la ciudadanía también ha olvidado gran parte de lo sucedido. Salvo aquellos que aún hoy sufren las consecuencias del desastre original, se ha logrado desviar la atención de la realidad, culpando a otros de la desidia y la falta de rigor. No hay duda de que el Prestige fue un buque robusto, maltratado y hundido por las autoridades españolas. Desde el fondo del mar, no enviará aviso alguno. Si los tanques revientan en invierno, serán los ciudadanos de Vigo quienes lo contarán en sus playas, recibiendo ese fuel cuya neutralización nadie del Gobierno se ha molestado en verificar con una expedición al pecio.
