Coordinador UCIN Galicia
El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica está derivando en un auténtico despropósito político e institucional. Lo que debería ser una negociación multilateral, transparente y basada en criterios objetivos de equidad y solidaridad, se está convirtiendo en un traje a medida para Cataluña, negociado de forma bilateral e impuesto a posteriori al resto de las comunidades autónomas.
No estamos ante un simple ajuste técnico. Nos enfrentamos a una reforma de enorme calado que atenta directamente contra el principio básico de igualdad entre los ciudadanos, independientemente de donde residan. Financiar de manera desproporcionada a Cataluña frente al resto de las regiones supone romper el equilibrio del sistema e introducir un agravio comparativo inasumible.
Como advertía Montesquieu: “Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos”. Eso es exactamente lo que está en juego: cuando se privilegia a una comunidad por puras razones políticas, se pone en riesgo el derecho a la igualdad de todo el conjunto de la ciudadanía española.
Lo más grave no es solo el fondo, sino también la forma. No ha existido una negociación real ni un debate serio con los territorios. En su lugar, solo hemos escuchado explicaciones confusas, argumentos erráticos y justificaciones inverosímiles para tratar de explicar lo inexplicable: que el modelo de financiación de todos se pacte con fuerzas independentistas cuyo objetivo declarado no es fortalecer el Estado, sino debilitarlo.
Este tipo de acuerdos no responden a criterios de justicia social ni de eficiencia económica, sino a necesidades políticas coyunturales. Se utiliza la financiación autonómica como moneda de cambio para garantizar apoyos parlamentarios, ignorando las consecuencias a medio y largo plazo para la cohesión del país.
La solidaridad interterritorial no puede ser una coartada para el privilegio. Tampoco es aceptable que las comunidades con menor capacidad financiera o mayores necesidades vean limitado su margen de actuación mientras otras reciben un trato preferente. Eso no es solidaridad: es desigualdad institucionalizada.
España necesita un modelo de financiación justo, estable y consensuado, en el que todas las autonomías participen en igualdad de condiciones. Lo que no necesita es un sistema diseñado a golpe de pacto político, servido en frío al resto de los territorios y presentado como un hecho consumado.
Este camino no es solo un error, es una irresponsabilidad que pone en riesgo la cohesión territorial, la lealtad institucional y la confianza entre administraciones. Por todo ello, ni puede ni debe ser aceptado.
