El Colegio Oficial de Psicología de Galicia expresa su fonda preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema de protección de menores en Galicia. Se trata de una realidad ampliamente denunciada por profesionales, organizaciones sociales y medios de comunicación, que supone una vulneración sistemática de los derechos de la infancia y de la adolescencia.
La reciente incapacidad reconocida por la Consellería de Política Social para acoger los 317 menores migrantes no acompañados propuestos en el reparto del Ministerio de Infancia y Juventud evidencia la sobresaturación de un sistema que, según la propia Administración autonómica, ya opera por encima de sus posibilidades.
Desde los equipos profesionales que trabajan en este ámbito se percibe un sistema colapsado, infradotado y sin planificación adecuada, que deja sin protección a menores en situación de riesgo y no garante una atención adecuada a aquellos que ya están tutelados.
A pesar del aumento de las situaciones de riesgo y desamparo detectadas por los equipos técnicos, los recursos humanos y materiales no se han adaptado a la demanda creciente. Ello deriva en listas de aguarda para la evaluación de casos, retrasos injustificables en las intervenciones y una atención insuficiente y desigual, dependiendo del territorio.
Las entidades que gestionan recursos residenciales también alertan de la escasez de plazas disponibles y del ingreso de menores con problemáticas cada vez más complejas, sin contar con los equipos ni los apoyos especializados necesarios para atenderlos con garantías.
Este panorama es consecuencia directa de una escasa voluntad política e institucional por parte de la Administración gallega para priorizar la atención a la infancia. La falta de una estrategia integral, la escasa coordinación entre servicios y la precariedad de los equipos técnicos —con profesionales de la psicología sobrecargados, sin estabilidad y sin margen para la intervención terapéutica— agravan una situación ya de por sí crítica.
Desde el COPG, como entidad comprometida con la defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia, exigimos una revisión profunda y urgente del modelo de protección, basada en un enfoque preventivo, comunitario y centrado en las personas menores. Es imprescindible reforzar los equipos multidisciplinares con un número suficiente de profesionales, entre ellos psicólogos y psicólogas, con condiciones laborales dignas, tiempo y medios para una intervención de calidad.
Se demanda también un incremento real de los recursos públicos que permita garantizar plazas suficientes, alternativas familiares adecuadas y apoyo especializado continuado. Estas medidas deben integrarse en una estrategia para la infancia y la adolescencia, dotada presupuestariamente y con el liderazgo compartido entre Administraciones, profesionales y entidades del tercer sector.
Las niñas y niños bajo protección no son cifras ni expedientes. Son personas cuyo desarrollo emocional, físico y social está en juego. No podemos seguir mirando para otro lado mientras un sistema colapsado deja sin respuesta a quien más lo precisa.
