Otra vez el cuento del lobo. Otra vez el “nos quieren prohibir la música”. Otra vez los mismos bares con la misma estrategia de siempre: armar ruido, pero del otro. No el que molesta a los vecinos, sino el que intoxica, confunde y manipula. Porque lo que está pasando en A Coruña con esta supuesta cruzada contra la música en los bares no es más que humo. Humo de máquina de efectos especiales, como el de las discotecas cutres de los noventa. Solo que ahora se pretende usar para intoxicar a la opinión pública y poner al Ayuntamiento contra las cuerdas. De manual.
Los hosteleros, o al menos ciertos sectores con altavoz, han decidido gritar “¡Nos prohíben la música!” como si estuviésemos en Teherán. Como si la ciudad estuviera a punto de convertirse en un gulag sin altavoces. Y no es verdad. No lo ha dicho nadie con poder ejecutivo. No hay ni norma, ni ordenanza, ni intención política seria de apagar la banda sonora de los bares. Lo que sí hay —y esto parece que les escuece— es la voluntad de regular el cómo. Que no es lo mismo. Nadie va a prohibir la música. Lo que se quiere es evitar que el altavoz de un IB aúlle como si fuera un after en Ibiza a las tres de la mañana.
¿Tanto cuesta entender la diferencia entre poner música y montar una discoteca encubierta?
Aquí el debate no es cultural ni emocional. Es técnico. Se trata de decibelios, de insonorizaciones, de cumplir con una legislación que existe para que no tengamos que escuchar al de al lado gritarle a Sabina mientras tú intentas dormir. Porque los derechos de uno terminan donde empieza el oído del otro. Pero eso a algunos bares les da igual. A ellos les interesa mantener la ciudad en el ruido porque saben que, si la discusión es racional, la pierden.
Y encima tienen la desfachatez de envolverse en la bandera de la libertad cultural mientras se saltan la ley con una facilidad pasmosa. Porque sí, amigos, pongamos las cosas claras: la música tiene derechos. Tiene autores. Tiene propietarios legítimos. Y no, no vale con poner una lista de Spotify y decir que estás “ambientando”. Si quieres hacer negocio con la música, pagas por ella. Como pagas por la cerveza o por la electricidad. Que ya está bien de convertir a la SGAE en el malo de la película, cuando en realidad muchos de esos bares lo que hacen es piratear canciones con el volumen al 80% y el respeto al 0%.
Eso sí es un escándalo. No que el Ayuntamiento quiera cumplir con una normativa autonómica. Lo que se busca es lo obvio: que quien quiera sonar fuerte insonorice su local. Que quien quiera poner música pague los derechos. Y que quien no lo haga, que baje el puto volumen. No hay más.
Pero claro, es mucho más rentable montar el drama. Asustar al cliente. Gritar que la ciudad va a morir de aburrimiento. Sembrar el miedo para recoger apoyos. Es vieja táctica de taberna: si la cosa se pone fea, agita el avispero. El problema es que ese avispero no lo pagas tú. Lo paga la convivencia. Lo paga el vecino que no puede dormir. Lo paga el músico que no cobra. Lo paga la ciudad, convertida en rehén de un sector que confunde libertad con barra libre.
No, señores. Aquí no se trata de eliminar la música. Se trata de civilizarla. Y eso, lo siento, no es censura. Es urbanidad.
