Delitos sexuales en España: cómo actúa la ley y qué derechos tiene el acusado

Todos los ámbitos de la vida son susceptibles de regulación jurídica y, por ende, de infracciones que den en delitos. Son los segundos los que pueden llevarnos a la privación de libertad y, por lo tanto, los que requieren casi como condición sine qua non del apoyo de un profesional o un especialista que nos impida dar pasos en falso. Básicamente puede decirse que, del mismo modo que una empresa subcontrata sus servicios a especialistas para ser más eficaz, la diferencia ante un mismo problema, acusación en este caso, es notable a la hora de defendernos con nuestros escasos o nulos conocimientos y la presencia de un profesional que nos aporte tranquilidad y un cierto grado de seguridad jurídica.  

Por ejemplo, un abogado experto en delitos sexuales y que ha dedicado su trayectoria profesional a tratar y trabajar con situaciones similares, supone un paso hacia la consideración de unas garantías mínimas para que el acusado pueda moverse dentro de unos márgenes que puedan considerarse justos. 

¿Qué se considera delito sexual en España?

Los delitos sexuales son aquellos que se cometen contra la integridad sexual de otra personal y gira alrededor del consentimiento o no de la víctima. Tras la reforma del año 2022 se eliminó el delito de abuso sexual, considerando todos los actos contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento como una agresión sexual. Para ello, es necesario un abogado experto en delitos de carácter sexual.

Las penas por delitos sexuales

Son numerosas las diferencias entre los casos, así como el margen de las penas por delitos sexuales, aunque puede hablarse de uno a cuatro años de cárcel en el caso de que no exista penetración, mientras que si la agresión se realiza empleando violencia o intimidación o la víctima tuviera anulada su voluntad se habla de penas de uno a cinco años de prisión. 

Sin embargo, en los casos en los que sí exista penetración vaginal, anal o bucal, se establecen penas de cuatro a doce años de prisión. En el caso de violencia o intimidación, con anulación de la voluntad, se habla de seis a doce años. Otros casos se refieren al abuso o utilización de drogas, así como intentonas de relación con menores de 16 años o la difusión de material pornográfico.

Por todo ello, un abogado penalista defensor será quien mejor nos ayude a eludir o defendernos en este tipo de situaciones.

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