En España, la palabra “okupa” no es ajena a nadie. Designa a quien entra y permanece en una vivienda que no le pertenece, sin respeto alguno por el esfuerzo y el sacrificio de aquellos que la adquirieron legítimamente. Para el propietario, recuperar lo que es suyo se convierte en un camino largo, injusto y muchas veces humillante. La ley, lejos de proteger a quien trabaja y paga sus impuestos, parece amparar a quien se aprovecha. El mensaje que transmite es peligroso: que resulta más rentable invadir que construir, más sencillo robar que ganar con sudor lo que se posee.
Algo semejante ocurre también en la política. Líderes que deberían ser guardianes del bien común se transforman, demasiadas veces, en verdaderos okupas del poder. Se aferran a los cargos a cualquier precio, dispuestos a negociar incluso con los principios más básicos para prolongar su permanencia. Reconocen como interlocutores a quienes debilitan la unidad nacional, pactan con intereses que ponen en riesgo la cohesión social y aceptan renuncias éticas que deberían ser inaceptables en quien asume responsabilidades de Estado. La lógica es la misma, permanecer a toda costa, aunque sea al margen de la moral y del interés común.
El daño de todo esto trasciende lo jurídico y lo político, es también moral y social. Porque lo que se transmite a los ciudadanos y, sobre todo, a los jóvenes, es que todo vale. Que la astucia sustituye al mérito, que la trampa puede más que la honestidad, que ocupar lo ajeno, sea una casa o sea un gobierno, es una práctica aceptable si asegura ventajas personales. Ese ejemplo corroe la confianza en las instituciones y debilita los cimientos de la democracia. Todos los países merecen líderes que eleven el nivel de la política, que la dignifiquen y la conviertan en ejemplo para las generaciones futuras, en vez de degradarla con gestos indignos de quien debería ser guardián del bien común.
