El pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) para las rutas marítimas entre Melilla y la Península. La aplicación de este nuevo contrato ha supuesto una grave e incongruente medida administrativa: la reducción de las frecuencias marítimas semanales con Almería y la supresión de las rutas de fin de semana.
Esta decisión ha causado un perjuicio directo y significativo a cientos de servidores públicos, entre ellos los militares, así como a la ciudadanía melillense en general. La eliminación de las frecuencias de fin de semana impide la necesaria conciliación familiar y la posibilidad de que este personal pueda disfrutar de un fin de semana o un puente de descanso en la Península, afectando gravemente a su calidad de vida.
La consecuencia inmediata en Melilla es que la ciudad ha perdido atractivo como destino para los militares.
Ante esta situación, la Asociación Profesional de Militares de Tropa y Marinería (ATME) actuó con rapidez. En el mes de enero del presente año, ATME se dirigió formalmente al Ministerio de Defensa para solicitar que se realizaran las gestiones necesarias con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo era buscar una solución y lograr la reimplementación de la ruta clave que salía de Melilla el viernes después del mediodía y regresaba la noche del domingo en la línea Almería-Melilla.
La Jefatura de Personal de la Armada respondió que, aunque el convenio de bonificación del transporte marítimo no contempla la revisión de rutas, se daría traslado de la solicitud de ATME a las navieras implicadas con ocasión de la próxima Comisión de Seguimiento. Lamentablemente, esta propuesta, vital para la conciliación de los militares, parece haber caído en saco roto.
El contrato firmado por el Ministerio de Transportes ha favorecido al puerto de Motril frente al de Almería, una decisión que esta Asociación entiende que no satisface las necesidades sociales, familiares ni económicas de la mayoría de los militares que reside y trabaja en Melilla.
Almería era la opción preferente por su mayor población, la disponibilidad de servicios esenciales (gran cantidad de hoteles, aeropuerto) y su estación intermodal (tren y autobús) muy cercana al puerto. El Puerto de Motril, en cambio, está alejado casi 4 km de la localidad, que es mucho más pequeña que Almería, carece de estación de tren y cuenta con escasas líneas de autobús. Como resultado, los pasajeros se ven obligados a incurrir en un mayor desembolso económico al tener que viajar con vehículo particular en el barco o depender de familiares para ser recogidos o trasladados al puerto de Motril, una situación que no se presentaba en Almería.
Resulta incongruente e inaceptable que un contrato de servicio público, firmado por la propia Administración, obstaculice la debida y necesaria conciliación familiar y profesional de miles de personas al servicio del Estado.
