Álvaro García Ortiz ha presentado su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado (FGE) tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión judicial fuerza su salida inmediata de la cúpula del Ministerio Fiscal.
La sentencia del Alto Tribunal considera probada la responsabilidad de García Ortiz en la filtración de datos relativos a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un caso que generó una fuerte polémica política y judicial. La condena implica la separación forzosa de su cargo y le impide ejercer cualquier empleo o cargo público durante el tiempo de la inhabilitación.
El Tribunal Supremo fuerza el cese
La dimisión se produce después de que se notificara la firmeza de la sentencia, que pone fin a la etapa de García Ortiz al frente de la Fiscalía General, un periodo marcado por importantes tensiones políticas y judiciales.
Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado que la renuncia es efectiva de manera inmediata, abriendo así un proceso institucional urgente para el nombramiento de su sucesor.
La sentencia del Tribunal Supremo es clara y obliga a la máxima responsabilidad institucional. La renuncia del Fiscal General del Estado es el paso lógico tras esta condena de inhabilitación», han señalado [fuentes cercanas al proceso / fuentes jurídicas].
Proceso de Nombramiento del Nuevo FGE
La vacante en la Fiscalía General del Estado activa ahora el mecanismo constitucional para el nombramiento de un nuevo titular.
- Asunción interina: La Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde], asumirá temporalmente las funciones de la Fiscalía General del Estado.
- Propuesta del Gobierno: El Consejo de Ministros deberá proponer un nuevo candidato, que deberá contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la posterior comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Este cese prematuro supone un cambio significativo en la dirección del Ministerio Público y reabre el debate sobre la independencia y la idoneidad de los altos cargos judiciales.
