El creciente desconocimiento y desapego popular hacia ella y los constantes ataques desde el propio Gobierno hasta un amplio abanico de partidos políticos a algunos de sus pilares (la separación de poderes, la igualdad y solidaridad entre españoles y la implantación de un sólido estado del bienestar) han hecho mucha mella.
En 1977
Flash back. Volvamos a 1977. Suárez gana las primeras elecciones democráticas; nunca convocadas formalmente como comicios a Cortes Constituyentes.
De entrada hay dos temas tabú. Ni nombrarlos. L la Corona y la sacrosanta unidad de España. Autonomías sí; autodeterminación jamás.
Pese a los recelos enormes del Ejército, los continuos asesinatos de ETA, las fuertes presiones de los nacionalistas o la inquietud de los poderes financieros y católicos, todo echa a andar.
Empieza la redacción del texto; claramente conservador en sus esbozos. El PSOE da un golpe encima de la mesa. O UCD negocia de tú a tú con ellos o amagan con no avalar la futura Carta Magna.
Abril Martorell, el hombre de confianza de Suárez y Alfonso Guerra, van tejiendo en un restaurante madrileño los ejes de la redacción constitucional; luego refrendados por los ponentes de la Carta Magna.
Todo va mutando. De regiones se pasa a nacionalidades, de autonomía para Galicia, Cataluña y Euskadi se deriva al café para todos, incluidas Ceuta y Melilla.
Del conservadurismo inicial se deriva a un relato claramente progresista. Se recogen el derecho al trabajo, a una vivienda digna o a la igualdad de género o religión en un estado laico.
Arbitrio
También se limita el poder del Rey a una figura institucional y arbitral y se deja al Ejército claramente sometido al poder civil; algo no baladí en aquella época.
El resultado del parto no entusiasma a nadie, pero satisface a casi todos. Solo AP de Fraga, grupos nacionalistas y/o separatistas y, claro, Fuerza Nueva, ponen pegas y se abstienen o votan en contra.
Negación
Casi media centuria después, una nueva generación de amplias capas populares y una gran variedad de políticos oportunistas y a menudo poco letrados, reniegan de aquel consenso constitucional.
Los motivos son muy variados. Y van desde lo razonable a lo exageradamente arbitrario, cuando no disparatado.
De ahí se debate desde la exigencia a la autodeterminación a la reclamación de un piso asequible. Del ansia por la República a la degradación de los servicios públicos. De la supresión de las autonomías a la galopante desigualdad económica y regional. Del auge de los populismos a derecha e izquierda al descrédito de la Corona (el Emérito ahí se lució) o del Poder Judicial (que, a veces, también se luce).
Incluso se dirime la urgencia de alterar un léxico sexista y patriarcal (¿llegaremos a que la paradoja se troque en paradojo?).
¿Reforma, cambio de régimen? ¿Para qué? O mejor dicho, ¿hacia dónde?
Los problemas básicos de la nación española hoy en día no son ni la Constitución ni el entramado legal y político surgido de ella.
Mayoría
Dios quiera que hipotéticas modificaciones o la misma derogación de las bases de la Carta Magna se hagan desde una muy amplia mayoría, como sucedió hace casi 50 años.
Si no es así, y se abre el melón por la mitad, y por las bravas, todo será incierto. Tan incierto como cuando todo arrancó, para bien o para mal, en 1977.
