La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) denuncia la grave situación sanitaria que atraviesa el cabo Iván Iglesias, de 35 años y con 15 años de servicio en la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El cabo Iglesias padece sarcoidosis pulmonar persistente, una enfermedad que ha mermado severamente su capacidad respiratoria (actualmente en torno al 50%). Además de la dificultad para realizar ejercicio físico sin ahogarse, sufre picos de fiebre y limitaciones de movilidad, lo que afecta su vida personal y laboral. La UME ha adaptado su puesto, y actualmente desempeña labores administrativas.
Sus médicos especialistas consideran imprescindible el tratamiento con el fármaco biológico Adalimumab —tercera línea de tratamiento— para detener el avance de la enfermedad y evitar la irreversible fibrosis pulmonar, una vez que las dos primeras líneas de tratamiento médico —corticoides y metotrexato— no han obtenido resultados.
ISFAS ha denegado la financiación del Adalimumab, cuyo coste asciende a unos 1.200 euros mensuales, una cantidad que el cabo no puede asumir. La razón es que la sarcoidosis pulmonar no figura en el listado de patologías financiables, a pesar de que a pacientes con otras enfermedades, como psoriasis o Crohn, sí se les facilita el acceso al medicamento.
Esta situación compromete gravemente el futuro personal y profesional de Iván Iglesias, ya que, tras 15 años de servicio, su estado de salud le impediría superar el reconocimiento médico y las pruebas físicas para presentarse al examen de permanencia y convertirse en militar de carrera. Por su parte, el cabo ha tramitado ya dos recursos, elevados al Ministerio de Defensa, pero el proceso de respuesta formal por parte de ISFAS puede demorarse más de un año.
ATME ha intervenido dirigiendo cartas a la Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, y al ISFAS (a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas). La Asociación busca que, dada la sensibilidad y el compromiso de la Ministra con el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas, se encuentre una solución urgente al caso. Asimismo, piden a ISFAS que se articulen los mecanismos necesarios para abordar este y futuros casos, asegurando procedimientos que permitan la financiación de tratamientos no recogidos explícitamente en el listado, siempre que existan informes médicos que acrediten la necesidad vital y la falta de alternativas terapéuticas.
ATME lamenta que, en un país con un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, un servidor público o cualquier ciudadano vea peligrar su salud y futuro profesional por una «mera traba burocrática» y el elevado coste del fármaco, y confía en una pronta y favorable resolución por parte del Ministerio de Defensa.
