Los representantes del Partido Popular en el Senado por la provincia de Ourense denuncian la absoluta falta de transparencia y de responsabilidad política del Gobierno de España ante la fuga del ourensano condenado por abusos y violación continuada a una menor de edad, con sentencia firme de 13 años y medio de prisión ratificada por el Tribunal Supremo, que abandonó España sin impedimento alguno antes de ingresar en prisión.
Ante la alarma social generada por unos hechos de enorme impacto y gravedad, el PP de Ourense registró en el Senado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer qué gestiones diplomáticas se están realizando para lograr su extradición desde Cuba, qué dificultades existen, qué mecanismos se están activando para superarlas y qué garantías hay para evitar una nueva fuga mientras permanece bajo custodia en ese país.
La respuesta del Gobierno se reduce a una única frase: que la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares “ha cumplido en tiempo y forma con la tramitación de la solicitud de extradición por los canales oficiales correspondientes”. Nada más.
Esa contestación no responde a ninguna de las preguntas formuladas. No explica qué gestiones diplomáticas concretas se están realizando. No aclara si existen obstáculos legales, políticos o administrativos con las autoridades cubanas. No detalla qué mecanismos está utilizando el Gobierno para agilizar la entrega. No ofrece ninguna garantía sobre la custodia del condenado ni sobre la prevención de una nueva fuga. Y tampoco aporta plazos, compromisos ni información verificable.
El Gobierno se limita a parapetarse tras una fórmula burocrática vacía, como si cumplir un trámite administrativo agotara su responsabilidad política en un caso que ha puesto de manifiesto el fracaso de todos los sistemas de control del Estado. Un condenado por delitos gravísimos contra una menor pudo salir del país con su propio pasaporte y recorrer varios países hasta llegar a Cuba sin que nadie lo impidiera.
La respuesta evidencia una voluntad clara de esconder información y de eludir explicaciones. No hay rendición de cuentas, no hay asunción de errores y no hay compromiso explícito con que esta persona cumpla íntegramente su condena en España.
El Partido Popular considera inaceptable que, ante un asunto de esta magnitud, el Gobierno de España opte por el silencio administrativo y la opacidad política. Las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad merecen algo más que una frase genérica. Merecen saber qué falló, quién es responsable y qué se está haciendo para que la justicia se cumpla sin más demoras ni excusas.
