El requerimiento fue realizado el pasado mes de noviembre por el magistrado Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias.
La Policía Nacional ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el que asegura que, hasta la fecha, Begoña Gómez no ha respondido al requerimiento judicial para la entrega de su pasaporte. Esta medida fue dictada el pasado mes de noviembre por el juez Juan Carlos Peinado como parte de las medidas cautelares en la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno.
Gómez se encuentra bajo investigación por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El núcleo de las pesquisas se centra en su actividad profesional al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como en los contratos adjudicados a empresas vinculadas a su entorno.
Incumplimiento de las medidas cautelares
El escrito policial confirma que no consta el depósito del documento de viaje, una medida habitual en procesos de esta naturaleza para garantizar la sujeción del investigado al proceso y evitar cualquier riesgo de salida del territorio nacional sin autorización previa.
El magistrado Peinado deberá ahora evaluar si este retraso o falta de respuesta supone un quebrantamiento de las medidas cautelares, lo que podría derivar en un nuevo apercibimiento judicial o en el endurecimiento de las condiciones impuestas a la investigada.
Avances en la investigación de la UCM
Paralelamente, la instrucción continúa analizando las posibles irregularidades en la gestión y codirección de la cátedra TSC. La Universidad Complutense, que actúa en el proceso, sigue colaborando con la justicia para esclarecer si la creación y el desarrollo de dicha cátedra se ajustaron a los procedimientos legales y éticos de la institución académica.
Por el momento, la defensa de Begoña Gómez no ha emitido un comunicado oficial respecto a esta información remitida por la Policía Nacional, manteniendo su postura de que no existe base delictiva en las actividades investigadas.
