Comisións Obreiras (CCOO) de Galicia ha valorado hoy el importante avance que supone la sentencia n.º 10/2026 del Tribunal Supremo, del pasado 14 de enero, en la que se avalan los límites anuales del 2% y el 3% a la actualización de las rentas del alquiler entre 2022 y 2024. Para el sindicato, este fallo ratifica que la función social de la vivienda debe prevalecer sobre el derecho individual de propiedad en contextos de emergencia económica.
La secretaria xeral de CCOO de Galicia, Amelia Pérez, ha sido clara al reclamar a la Xunta de Galicia «la adopción de medidas eficaces contra la especulación inmobiliaria, con el objetivo de garantizar que el alquiler sea accesible, estable y sostenible para la mayoría social».
Un precedente contra la especulación
La sentencia del Supremo reafirma que, ante circunstancias excepcionales que afectan al derecho fundamental de acceso a la vivienda, las Administraciones públicas están legitimadas para intervenir en el mercado. CCOO destaca que este respaldo jurídico refuerza la necesidad de que tanto la Xunta como los ayuntamientos gallegos actúen con mayor firmeza, siguiendo el ejemplo de la declaración de A Coruña como zona tensionada.
El «efecto fuga» hacia el alquiler turístico
El sindicato advierte de un efecto colateral preocupante: mientras el alquiler residencial está sujeto a topes para proteger al inquilino, el alquiler turístico carece de estas limitaciones, convirtiéndose en una vía de escape para los propietarios.
«La limitación de rentas frente a una inflación que superó el 10% puede acelerar la conversión de viviendas residenciales en turísticas si la Xunta no interviene», alertan desde CCOO. Este riesgo es especialmente crítico en ciudades con alta presión turística como Santiago de Compostela, Vigo, A Coruña y las zonas costeras, ante la cercanía de hitos como el Año Santo 2027.
Propuestas de CCOO para el mercado gallego
Ante la reducción del parque de vivienda residencial, CCOO propone un plan de choque basado en:
- Aumento del parque público y rehabilitación de inmuebles existentes.
- Control estructural de precios para evitar subidas abusivas de forma permanente.
- Fiscalidad específica para viviendas desocupadas o adquiridas por inversores extranjeros no residentes en la UE.
- Moratorias en desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad.
Amelia Pérez concluye que, aunque la sentencia es un paso histórico al reconocer la función social de la propiedad, no debe quedar en una medida excepcional. «Esperamos que este fallo abra el camino a políticas públicas valientes que pongan freno a la impasibilidad de los poderes públicos ante el drama habitacional en Galicia», sentencia.
