En el Ayuntamiento de Lugo todas las miradas se dirigen estos días al PSOE, a sus cuitas internas y a los movimientos —cada vez menos discretos— de quien hasta hace nada era presentado como concejal estrella y ahora ya anuncia que no le interesa ni dedicase por completo al ayuntamiento. El ruido es tal que casi tapa otro sonido más bajo, pero constante: el de las costuras del BNG, que también empiezan a tensarse dentro del gobierno de coalición.
Los nacionalistas han sabido históricamente llevar sus discrepancias internas con más sigilo que sus socios socialistas. Pero que no hagan ruido no significa que esas discrepancias no existan. La renuncia por enfermedad de Felipe Rivas, tras años de una gestión que muchos califican, como mínimo, de plana, dio paso a Iria Buide, próxima al núcleo duro de la UPG y al propio Rubén Arroxo. Buide ha ganado presencia en la foto y en la agenda pública —reuniones, actos, comunicados—, pero en los despachos municipales sigue pendiente la resolución de problemas enquistados que vienen de atrás. La sensación, compartida incluso por voces leales, es que el cambio ha sido más estético que efectivo. Y eso, en un gobierno que ya acusa desgaste, no ayuda.
A este malestar se suma el eco, cada vez más vivo, del llamado caso Tomé y, sobre todo, la forma en que se gestionó: sin asamblea previa, sin el debate colectivo que forma parte del ADN que el BNG dice defender. Para una militancia que se reivindica asamblearia, el episodio dejó más de un gesto torcido. Algo parecido ocurrió con la controvertida decisión de votar contra el reconocimiento municipal a Alonso Montero, una figura de indiscutible peso cultural y político, que acabó recibiendo el apoyo del PP mientras el BNG se desmarcaba, una decisión en la que, sin duda, la mano de la UPG (Arroxo y Buide) demostró que sigue imponiendo su criterio cuando las decisiones son controvertidas.
En paralelo, empieza a abrirse paso una reflexión más profunda: ¿ha llegado Rubén Arroxo a su techo como alcaldable? Son cada vez más quienes creen que su estrategia de bajo perfil, de esquivar los conflictos del ayuntamiento y de mantenerse al margen de los líos del socio socialista, lejos de hacerlo crecer, lo encorseta. Gobernar sin mancharse puede servir un tiempo; aspirar a más exige algo más que prudencia calculada. El eterno retorno del BNG lucense hacia Antón Bao parecía haber puesto freno a esa deriva, pero el efecto de su regreso a la primera línea se ha ido diluyendo con el tiempo.
En el BNG lucense, voces aún minoritarias, pero persistentes, apuntan a que un perfil menos ligado a la UPG, más trasversal, podría ser la llave para captar el voto que, previsiblemente, perderá un PSOE en crisis permanente.
A este cóctel de dudas internas se añaden las polémicas recientes por facturas aprobadas por decreto durante las ausencias del alcalde titular y la política continuada de privatización de servicios públicos, avalada en las juntas de gobierno por Arroxo y los suyos, incluso en áreas bajo responsabilidad de los nacionalistas. Son decisiones totalmente legales, si, pero que resultan incómodas para el electorado de un partido que dice defender lo público, como tampoco satisfacen a todos la falta de transparencia y la negativa a presentar cuentas claras de las fiestas patronales, porque para muchos de los votantes del BNG, no hay nada que ocultar.
El BNG lucense sigue siendo, de momento, un socio disciplinado y un partido ordenado. Pero bajo esa superficie calmada se mueven placas que podrían alterar el paisaje político local. Quizá no mañana, quizá no con estruendo. Pero el socio silencioso también cruje.
Martín Fonseca
