En una decisión de alto valor simbólico coincidiendo con el 45º aniversario del asalto al Congreso, el Gobierno ha anunciado que desclasificará este martes los documentos relativos al 23-F. Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es «saldar una deuda histórica con la ciudadanía» y garantizar el derecho a la verdad sobre uno de los episodios más críticos de la Transición española.
Hasta ahora, estos documentos permanecían bajo llave gracias a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una normativa de la época franquista que ha permitido mantener ocultas actas, grabaciones y comunicaciones clave durante casi medio siglo. La desclasificación permitirá a historiadores, periodistas y ciudadanos conocer los detalles de las conversaciones mantenidas durante la noche en la que la democracia española estuvo en vilo.
Desde el Gobierno se insiste en que la democracia española es hoy «lo suficientemente madura» como para afrontar su pasado sin censuras. Esta apertura busca arrojar luz sobre las «zonas de sombra» que han alimentado teorías y sospechas durante décadas, especialmente en lo referente a la coordinación de los golpistas y el papel de las distintas instituciones del Estado en aquellas horas de incertidumbre.
Un mensaje de regeneración
El anuncio se produce en un contexto de fuerte presión política por la transparencia, y el Ejecutivo lo enmarca en su agenda de memoria democrática. Al liberar esta información, se pretende cerrar una herida abierta con la investigación histórica y profesionalizar el acceso a la información pública, alejándose de la arbitrariedad que permitía la ley anterior.
