Carmen María Villar Freire, madre de acogida permanente de B. desde 2014, ha anunciado el inicio de una huelga de hambre como medida extrema de protesta ante la falta de una escolarización adecuada para el menor, de 15 años y con un 49% de discapacidad reconocida y grado de dependencia severo.
El menor presenta un cuadro clínico complejo y se encuentra en seguimiento por los servicios de Salud Mental del Sergas, además de recibir intervención psicológica y educativa especializada.
Según denuncia la familia, la situación de B. en el sistema educativo ha sido “crítica y sostenida en el tiempo”. Durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, el menor estuvo escolarizado en el centro Agarimo, donde, tal y como reconoció el propio equipo educativo en diversas reuniones, no se disponía de los recursos necesarios para atender sus necesidades específicas. Esta falta de medios derivó en múltiples incidentes, reducciones de jornada, ausencias forzadas del centro y, finalmente, en su expulsión cautelar en febrero de 2025 por motivos de seguridad.
Ante esta situación, la familia solicitó de forma urgente su escolarización en un centro de educación especial adecuado, concretamente en Aspronaga (CEE Nuestra Señora de Lourdes) o, como alternativa, en el CEE María Mariño. Estas solicitudes fueron respaldadas por informes técnicos de profesionales del ámbito social, psicológico y sanitario, así como por recomendaciones de especialistas que subrayan la necesidad de un entorno estructurado, seguro y adaptado.
Sin embargo, la Administración comunicó la inexistencia de plazas disponibles, ofreciendo como única alternativa una atención domiciliaria sin tutor, lo que derivó en una situación de desescolarización prolongada. Durante este periodo, el menor experimentó un notable empeoramiento conductual y emocional, que culminó con su ingreso en un centro de menores en agosto de 2025, hecho recogido en informes periciales. Se trata de un centro de protección con finalidad terapéutica, orientado a proporcionar herramientas a menores y apoyar el control de alteraciones conductuales; sin embargo, no dispone de los recursos ni del perfil profesional adecuado para atender a menores con discapacidad, por lo que no constituye el recurso idóneo para B.
Es por este motivo, que un auto judicial determinó que lo más beneficioso para el menor era su regreso al entorno familiar y su escolarización en un centro de educación especial que pudiera proporcionarle las herramientas necesarias para su desarrollo e integración.
Pese a ello, y a la abundante documentación técnica aportada, en marzo de 2026 la Administración volvió a proponer la escolarización del menor en el mismo centro (Agarimo), que previamente había reconocido por escrito carecer de los recursos personales, terapéuticos y de seguridad imprescindibles para atenderlo.
Desde su regreso al domicilio familiar en diciembre de 2025, el menor continúa sin recibir atención educati- va reglada, a pesar de ser menor de 16 años, lo que, según denuncia la familia, supone una vulneración grave de sus derechos fundamentales.
“Estamos ante un caso claro de desprotección institucional. La falta de recursos no puede justificar la vulneración del derecho a la educación de un menor con discapacidad y en situación de especial vulnerabili- dad”, afirma la madre, quien ha decidido iniciar una huelga de hambre para exigir una solución inmediata.
La principal reivindicación de la familia es la escolarización urgente del menor en un centro de educación especial adecuado a sus necesidades, así como una respuesta formal por parte de la Administración edu- cativa.
La madre ha hecho un llamamiento a las autoridades competentes para que actúen con urgencia y respon- sabilidad, y a la sociedad para visibilizar una situación que, advierte, podría estar afectando a otros meno- res en circunstancias similares.
El lunes 13 de abril a las 9:00 de la mañana comenzará la huelga de hambre delante de la Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en la calle Vicente Ferrer, 2, A Coruña.
