La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO) reclama que se abra, de una vez, un debate serio y riguroso sobre la incorporación de personas extracomunitarias al sector de la seguridad privada, una cuestión que, a juicio de la organización, ni se está valorando con la profundidad necesaria ni puede seguir ignorándose en el actual contexto laboral, social y normativo.
La reciente reforma en materia de extranjería, aprobada mediante el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, ha introducido nuevas vías de arraigo y, en determinados supuestos, habilita provisionalmente para residir y trabajar mientras se tramita la solicitud. Para FTSP-USO, esta nueva realidad obliga también a repensar el acceso a determinados sectores profesionales y a abrir debates que hasta ahora se han evitado o simplemente se han dejado pasar.
Desde la federación se entiende que la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, mantiene un marco de acceso a las profesiones habilitadas que ya no responde de forma suficiente a los tiempos actuales, ni a la evolución del mercado de trabajo ni a las necesidades reales del sector. La norma sigue exigiendo, entre otros requisitos para la habilitación profesional, tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o de un tercer Estado con convenio internacional de reciprocidad con España, además de carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
Para FTSP-USO, esta regulación merece una revisión política, técnica y sectorial actualizada. La organización considera que la ley, sin dejar de ser una referencia básica en materia de control y garantías, presenta aspectos que han quedado claramente superados por la realidad de 2026. Hablar de ello no es una frivolidad ni una provocación: es reconocer que el sector necesita una normativa que no viva de espaldas a la realidad.
La federación quiere dejar claro que abrir el debate no significa rebajar garantías. Al contrario. FTSP-USO sostiene que, si se quiere estudiar una posible adaptación normativa, debe hacerse bien, con seguridad jurídica, control administrativo y criterios objetivos. La seguridad privada no puede gestionarse a golpe de ocurrencia, pero tampoco puede seguir anclada en un marco que ya no encaja plenamente con la realidad laboral y social actual.
En este sentido, FTSP-USO defiende que cualquier posible apertura futura del acceso a profesiones habilitadas debe condicionarse necesariamente a la verificación real y efectiva de antecedentes penales, tanto en España como, en su caso, en los países de origen o de residencia previa de las personas aspirantes. La organización entiende que este punto es irrenunciable y que solo puede hablarse seriamente de una eventual modificación si existen garantías suficientes de comprobación, especialmente respecto de aquellos países con los que existan sistemas fiables de certificación, cooperación y contraste documental. La propia normativa reciente en materia de extranjería contempla la comprobación de antecedentes penales y la valoración del correspondiente informe policial en procedimientos especialmente sensibles.
Del mismo modo, FTSP-USO subraya que cualquier revisión futura debería asentarse también sobre otros pilares básicos: formación adecuada, mantenimiento de la habilitación profesional, control público efectivo, respeto a las funciones reservadas y defensa de las condiciones laborales del sector. La federación rechaza de plano que este debate pueda utilizarse para abaratar costes, degradar la profesión o fomentar fórmulas de intrusismo encubierto. La seguridad privada necesita más reconocimiento, más profesionalización y más estabilidad, no atajos baratos.
Txomin Marañón, Secretario Estatal de Acción Sindical de FTSP-USO, ha manifestado que “desde FTSP-USO creemos que este debate hay que abrirlo ya, porque a día de hoy ni siquiera se está valorando seriamente, y porque la Ley de Seguridad Privada no va con los tiempos actuales en algunos aspectos clave”. Marañón añade que “no se trata de eliminar controles, sino de actualizar una norma que consideramos desfasada en parte de su planteamiento, manteniendo intactas las garantías que exige una actividad tan sensible como la nuestra”.
Asimismo, el responsable estatal de Acción Sindical insiste en que “hablar de incorporación de personas extracomunitarias al sector no puede ser un tabú, pero tampoco puede convertirse en una excusa para hacer chapuzas. Si se abre este camino, tendrá que hacerse con criterios objetivos, con formación, con control público y con comprobación real de antecedentes. Y allí donde eso no pueda verificarse con garantías, no se debería avanzar”.
Marañón subraya además que “la seguridad privada necesita adaptarse a la realidad actual, pero sin perder profesionalidad, sin perder seguridad y sin perder derechos laborales. Lo que no tiene sentido es mantener un inmovilismo normativo como si el sector, el mercado de trabajo y la sociedad siguieran siendo los de hace diez años”.
Por todo ello, la FTSP-USO Estatal solicita al Ministerio del Interior que valore esta cuestión y estudie la adecuación de la normativa de seguridad privada al momento actual, abriendo una reflexión seria y ordenada sobre si procede abordar una futura actualización legal en diálogo con el sector y con los agentes sociales. La Ley de Seguridad Privada atribuye al Ministerio del Interior las competencias centrales en materia de habilitación, control y ordenación del sector, por lo que cualquier evolución en esta materia debe pasar necesariamente por una valoración rigurosa de dicho departamento.
FTSP-USO concluye que el sector necesita una normativa moderna, útil y ajustada a la realidad, capaz de compatibilizar seguridad, control, profesionalidad y garantías con una visión actualizada del acceso al empleo. Seguir mirando hacia otro lado no resuelve nada. Abrir el debate, con responsabilidad y con límites claros, sí.
