El Presidente del Gobierno denuncia en el Congreso la política de «bloqueo» de Feijóo ante los avances sociales y carga contra la «prioridad nacional» de la derecha.
En una tensa sesión de control celebrada esta mañana en el Congreso de los Diputados, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado distancias con la oposición liderada por Alberto Núñez Feijóo, definiendo el modelo de gestión del Ejecutivo como un servicio exclusivo a la «mayoría social» frente a los intereses de las minorías privilegiadas.
Durante su réplica al líder del Partido Popular, Sánchez ha sido tajante al contraponer la agenda legislativa del Gobierno con la postura de la bancada popular. «La prioridad de este Gobierno es servir a la mayoría social de este país. Y lo hemos hecho siempre con el PP votando en contra o poniéndose de perfil», ha recordado el Presidente, enumerando medidas como la revalorización de las pensiones y el incremento del SMI.
Sánchez ha elevado el tono al dirigirse directamente a Feijóo, acusándole de actuar como correa de transmisión de los sectores más poderosos del país: «Sr. Feijóo, ustedes siempre sirven a los de siempre, a la élite de este país».
Alerta ante la «xenofobia» de los pactos PP-Vox
El debate ha subido de intensidad cuando el Presidente ha analizado los acuerdos de gobernabilidad entre el PP y la formación de Santiago Abascal. Sánchez ha advertido que el concepto de «prioridad nacional» que ambas formaciones están impulsando en diversos territorios no es más que un eufemismo para la exclusión.
«La prioridad nacional de PP y Vox no es sino xenofobia, racismo, segregación y confrontación», ha aseverado el jefe del Ejecutivo. Asimismo, ha recordado que cualquier medida que intente segmentar el acceso a derechos básicos vulnera el espíritu de la Transición: «Este discurso viola el principio de igualdad y no discriminación de la Constitución Española».
Defensa del Estado de Bienestar
La intervención de Sánchez ha concluido con una defensa cerrada de la cohesión social, asegurando que el Gobierno utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para impedir que las administraciones autonómicas en manos de la derecha apliquen políticas que «rompan la igualdad entre españoles».
Con este posicionamiento, el Gobierno busca consolidar su relato de protección a las clases medias y trabajadoras, situando al Partido Popular en un «arrinconamiento ideológico» junto a la ultraderecha y los intereses financieros.
