Hay una franja de costa en Bizkaia que lleva medio siglo sirviendo de conejillo de indias para los grandes proyectos que nadie preguntó si se querían y si en realidad eran necesarios. Se la conoce por sus municipios: Lemoiz, Gatika, Maruri-Jatabe. Acantilados espectaculares, caseríos, una historia de resistencia que forma parte de la memoria colectiva vasca, y la particularidad de que cada vez que alguien en un despacho de Gasteiz, Madrid, Bruselas o París decide que la península ibérica necesita más cables, más reactores o más infraestructura estratégica, el dedo en el mapa acaba señalando, con la puntualidad de un metrónomo, ese mismo rincón de la costa cantábrica.
La primera vez fue en los años setenta, cuando Iberduero decidió que la cala de Basorda era el lugar idóneo para una central nuclear. La sociedad vasca dijo no, con una contundencia que marcó una época. La central no se construyó. Pero las ruinas quedaron. Y las torres de alta tensión y el lindano —un residuo de la fabricación de pesticidas, cancerígeno, y procedente de vertidos industriales sin permeabilizar— filtrándose silenciosamente hacia el embalse de Urbieta y los suelos de la comarca.
La segunda jugada ha tardado cuarenta años en llegar. Esta vez aterriza en Gatika, municipio vecino. Y viene envuelta en todo el aparato retórico de la modernidad verde: transición energética, descarbonización, mercado único europeo, proyecto de interés común, autopista de la electricidad. Palabras que suenan a futuro y que huelen, si uno afina la nariz, exactamente igual que las que acompañaron a la Central Nuclear de Lemoiz: necesidad estratégica, beneficio colectivo, progreso inevitable, y al que no le guste, que presente alegaciones en el plazo reglamentario de treinta días.
El proyecto se llama Interconexión Eléctrica por el Golfo de Bizkaia. Lo promueve INELFE, sociedad mixta entre Red Eléctrica de España (REE) y su homóloga francesa RTE. Empresas muy diferentes entre sí, porque REE es de capital privado en un 80% (y reparte analmente dividendos entre su accionariado) y RTE 100% pública. Consiste en tender cuatro cables de corriente continua a 400 kilovoltios —el doble de lo que se considera alta tensión, o lo que es lo mismo, la capacidad de transportar energía bajo tierra superaría la generada por Garoña— desde la futura estación conversora de Gatika hasta la subestación de Cubnezais, al norte de Burdeos. Cuatrocientos kilómetros en total: trece en tierra vasca, trescientos bajo el Cantábrico, ochenta en territorio francés. Las obras comenzaron en junio de 2025. La puesta en servicio está prevista para 2028.
El presupuesto inicial era de 1.750 millones de euros. En 2023, con las obras ya adjudicadas, se actualizó a cerca de 2.850 millones por el encarecimiento de materiales y la escasez de empresas con capacidad técnica para ejecutarlo. Un 63% más que la estimación original. Nadie convocó una nueva consulta pública para informar del cambio. De esa cifra, 578 millones son subvención directa de la Unión Europea que no se devuelve. Otros 1.600 millones son préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmados en Luxemburgo en junio de 2025. El resto lo aportan Red Eléctrica y RTE, que lo recuperarán a través de las tarifas eléctricas que pagan los ciudadanos. Nadia Calviño, presidenta del BEI, declaró que el apoyo era «clave para que la península ibérica deje de ser una isla energética». El subsecretario español para la Transición Ecológica añadió que marcaba “un paso decisivo en la construcción de la Unión de la Energía”. Nadie preguntó a los 4.000 vecinos de Gatika, Lemoiz y Maruri-Jatabe si ellos también lo consideraban un paso decisivo. Ellos ya habían dado su respuesta. Y era NO.
“Democracia” en cinco actos
El proyecto fue designado «Proyecto de Interés Común» por la Comisión Europea en octubre de 2013. Fue incluido en la Planificación Energética española 2015-2020, aprobada por el Consejo de Ministros en 2015. Y en 2017, Red Eléctrica presentó su proceso de participación pública en cinco fases, con folletos informativos, reuniones municipales y jornadas participativas que invitaban a los ciudadanos a “contribuir desde su perspectiva particular a mejorar y enriquecer las propuestas”.
Tómense un momento para apreciar la arquitectura de este proyecto. En 2013, Bruselas toma la decisión. En 2015, Madrid la convierte en planificación vinculante. Y en 2017, se invita a los vecinos de Lemoiz a una reunión para “mejorar las propuestas”. Si la decisión está tomada antes de que empiece la consulta, la consulta no es democrática. Es puro teatro. Un teatro bien producido, con sus cinco actos y sus pantallas de powerpoint, pero teatro al fin.
Los ayuntamientos lo entendieron a su manera. El de Gatika presentó alegaciones. El de Lemoiz remitió escrito manifestando su disconformidad. El de Maruri-Jatabe aprobó en pleno una moción en contra y propuso un trazado alternativo. Al año siguiente este ayuntamiento cambió de opinión, en un primer momento dijo que era un proyecto impuesto e innecesario y posteriormente llegó a un convenio de colaboración con REE quien aportaría 690.000 euros. De este importe se ha dotado al edificio de piscinas de placas solares que llevan desde su instalación, hace más de un año, sin conexión. Por otra parte, se acaba de adquirir una furgoneta de 90.000 euros eléctrica para servicios municipales. ¿Tan cara? Red Eléctrica respondió a cada uno manifestando sus “reparos”. Y cuando los ayuntamientos dejaron de contestar, la administración aplicó la doctrina del silencio administrativo positivo: si no responde, se entiende que consiente. Dos municipios en contra y uno a favor fue interpretado como conformidad. Esto no es una anomalía del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
La lógica del daño acumulado
Hay una frase en el documento técnico de 2017 que merece ser enmarcada. Al hablar de los posibles emplazamientos para la estación conversora, señala que se “priorizarán aquellas ubicaciones que albergan infraestructuras de carácter industrial, al ser zonas del territorio ya transformadas”. Y a continuación identifica dos candidatos: la subestación de Gatika y “las instalaciones no concluidas de la Central Nuclear de Lemoiz”.
Traducido al castellano: como ya destrozamos este sitio una vez (Lemoiz), lo mejor es seguir destrozándolo muy cerca también, desde Gatika hasta la costa limítrofe. Así, el daño pasado se convierte en argumento para el daño presente. La cicatriz anterior parece justificar nuevas heridas. Y si se sigue sin restaurar el daño causado en Lemoiz y sin reconocer la victoria de quienes dijeron NO a aquella central nuclear, ahora volvemos con otro nuevo proyecto ecocida, eso sí, cambiando el lenguaje que lo justifica. Si antes era el “átomo pacífico”, ahora es la “transición verde”. ¿Verde? ¿Seguro? O más bien “venenosa” y altamente contaminante gracias a la bentonita, la arcilla industrial que se usa como lubricante en esas perforaciones subterráneas para tender el cable. Y hay que decir que, hasta ahroa, se han producido vertidos de bentonita en todas las perforaciones realizadas y esos vertidos impermeabilizan, taponan, emplastan los fondos y las orillas de la cuenca del río Butrón. Arruinan el ecosistema de la zona. Los fondos se quedan sin oxígeno y la vida se acaba. La cuenca del Río Butrón fue designada Área de Interés Especial para la Conservación del visón europeo (mustela lutreola) porque era su hábitat idóneo. Después de desaparecer del resto de Europa -está en peligro crítico de extinción- estamos asistiendo a la destrucción de una de las pocas zonas en las que podría encontrarse o donde podría ser recuperado.
Lo peor de todo es que este proyecto lo venden como “mejora ambiental”. Los comunicados de Red Eléctrica anuncian con orgullo que el proyecto incluye “el desmantelamiento de dos líneas eléctricas aéreas de 10 km entre Gatika y Lemoiz, reduciendo el impacto visual en el entorno». Qué generosidad tardia, siempre a la espera de si en algún momento se pudieran utilizar. Dejando que el tiempo lo decidiera, por si acaso. Aunque conviene recordar que el lehendakari Imanol Pradales acaba de declarar que el desmantelamiento de la propia central nuclear es «inviable» porque sus ocho millones de metros cúbicos de cemento y sus mil toneladas de hierro «no se pueden mover». Si el hormigón no se puede mover, queda la pregunta en el aire: ¿de qué mejora ambiental estamos hablando exactamente? ¿Retirar la chatarra que Iberdrola ha dejado abandonada durante cuatro décadas cuando al fin te resulta conveniente hacerlo cuenta, en la contabilidad del greenwashing, como aportación medioambiental? Pero el hormigón sigue ahí. Y seguirá.
El enclave que no descansa
Mientras el cable se entierra bajo los municipios vecinos, en las propias ruinas de la central se quiere construir ahora, anunciado hace un par de semanas por el lehendakari Pradales una piscifactoría industrial con empresa adjudicataria ya designada —Aquacría Basordas, con Sea Eight como socio privado —, 170 millones de inversión público-privada y fecha de comercialización de los primeros lenguados en 2030. Con, supuestamente, doscientos empleos directos. Es decir, el mismo enclave que lleva medio siglo acumulando proyectos fallidos, abandonados o impuestos alberga ahora dos infraestructuras industriales de gran escala en construcción simultánea: el cable transoceánico y la piscifactoría. Nadie ha explicado cómo encajan ambos proyectos en el mismo espacio ni qué efectos combinados tendrán sobre un ecosistema costero que ya arrastra décadas de daño acumulado. Pero el relato oficial los presenta por separado, cada uno con sus propias cifras de empleo, sus propias promesas de sostenibilidad y su propio vocabulario de modernidad.
Quién paga, quién decide, quién se beneficia
Hagamos la aritmética que los comunicados nunca hacen. En caso de que algún día se transporte electricidad por estos cables, dados los tiempos en los que vivimos, el proyecto lo financiará el público de tres maneras: como contribuyentes europeos, como contribuyentes de Euskadi y como consumidores finales de electricidad en las facturas de la compañías comercializadoras. Nadie sabe si se recuperarán la inversión a través de las tarifas.
Los vecinos de los tres municipios afectados obtendrán a cambio, según datos oficiales, la promesa de “6.800 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos” durante la construcción, y “un impacto de 400 millones en el PIB de la región”, cifra que nadie explica cómo se calcula ni durante cuántos años ni qué porcentaje llega efectivamente a Gatika, Lemoiz y Maruri-Jatabe. Lo que sí se sabe es que cuando terminen las obras en 2028, los 4.000 vecinos vivirán sobre cables de 400 kilovoltios. Y que la capacidad de intercambio entre España y Francia pasará de 2.800 a 5.000 megavatios, beneficiando a un mercado eléctrico europeo cuyas reglas no escribieron ellos.
La pregunta que nadie responde
Hay una pregunta que recorre todo esto y que ningún comunicado de INELFE, ninguna nota de Red Eléctrica, ningún discurso del BEI, ninguna rueda de prensa del Comisario europeo de la Energía, ni ninguna resolución ministerial responde. Es tan simple que su ausencia resulta casi cómica: ¿Qué le preguntaron a los habitantes de Lemoiz, Gatika y Maruri-Jatabe antes de decidir que su subsuelo, su costa y su paisaje iban a convertirse en la autopista eléctrica de Europa?
La respuesta, documentada en el BOE, es que se les informó. Se les convocó a reuniones. Se les invitó a presentar sugerencias. Y cuando dijeron no —con toda la formalidad democrática disponible, ayuntamientos en pleno incluidos— se interpretó su silencio posterior como conformidad. Esto es lo que la Unión Europea llama
“proceso abierto y participativo”. Esto es lo que Red Eléctrica llama «búsqueda del mayor consenso posible».
Y mientras todo esto ocurre, en Lemoiz las olas del Cantábrico siguen rompiendo contra los acantilados. El lindano sigue filtrándose. Las ruinas de la central que nunca funcionó siguen ahí, convertidas en argumento técnico para el siguiente proyecto y en solar para el siguiente negocio. Y los 4.000 vecinos de tres municipios que tuvieron la osadía de decir NO, vivirán, cuando las obras terminen, sobre cables de 400 kilovoltios que quizás transporten la electricidad de dos países a través de su tierra. Nadie les preguntó si querían ser el enchufe de Europa. Pero lo serán, si no somos capaces de acabar con esta aberración medioambiental. Porque en la gramática del poder, «Proyecto de Interés Común» significa exactamente eso: un proyecto de interés para algunas élites, excepto para quienes viven donde se instala y la gran mayoría de la socieda
